La Fiscalía de Puebla detuvo a Arturo N., de 31 años, y Alma Esperanza N., de 30, por su probable participación en hechos relacionados con un secuestro. La investigación señala que la exigencia económica comenzó en 800 mil pesos y después se negoció hasta llegar a 30 mil.
Un comerciante que vendía ropa en las inmediaciones de la Central de Autobuses de Puebla (CAPU) habría sido privado de su libertad después de recibir amenazas relacionadas con el cobro de piso. Horas más tarde, su esposa recibió llamadas con una exigencia de 800 mil pesos a cambio de su liberación.
El caso, ocurrido en octubre, derivó en una investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) que llevó a la detención de dos personas en la junta auxiliar de La Resurrección, en el municipio de Puebla.
Las autoridades buscan esclarecer la participación de los detenidos y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
De la exigencia de cobro de piso a una llamada por 800 mil pesos
De acuerdo con la investigación ministerial, el 8 de octubre de 2026, seis hombres abordaron al comerciante cuando se encontraba en su puesto de ropa, cerca de la CAPU, y le exigieron dinero bajo el concepto de cobro de piso.
Según la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía, uno de los hombres regresó posteriormente y la víctima se retiró en compañía de este individuo.
Esa misma noche, la esposa del comerciante comenzó a recibir llamadas en las que le exigían dinero para conseguir su liberación. La cantidad inicial habría sido de 800 mil pesos, aunque durante las negociaciones se intentó reducir el monto a 30 mil pesos.
La denuncia permitió que las autoridades comenzaran las diligencias para investigar lo sucedido y dar seguimiento a las nuevas exigencias económicas.
Así fue el operativo que llevó a dos detenciones en La Resurrección
El 16 de octubre, la denunciante informó a la Fiscalía sobre nuevas exigencias relacionadas con la entrega del dinero. A partir de esa información, agentes investigadores realizaron labores de vigilancia y seguimiento.
Durante la intervención, en la junta auxiliar de La Resurrección, fueron detenidos Arturo N., de 31 años, y Alma Esperanza N., de 30 años, por su probable participación en hechos relacionados con el delito de secuestro.
La Fiscalía informó que durante el operativo también se aseguraron diversos objetos que serán materia de investigación:
- Un arma de fuego y 29 cartuchos de distintos calibres.
- Una bolsa con hierba con características similares a la marihuana.
- Cuatro teléfonos celulares y un chip telefónico.
- Dos empaques de chips telefónicos.
- Un inmueble.
El aseguramiento de estos indicios forma parte de las diligencias ministeriales. Su relación con los hechos deberá establecerse mediante las investigaciones correspondientes.
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¿Qué pasará con los detenidos?
Ambas personas quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión.
El 17 de octubre, la autoridad ministerial decretó su retención y continuó con las diligencias para determinar su situación jurídica y esclarecer lo ocurrido.
Hasta la información proporcionada por la Fiscalía, la investigación sigue abierta. La detención de Arturo N. y Alma Esperanza N. no equivale a una sentencia ni acredita por sí misma su responsabilidad penal.
También queda por esclarecer si existen otras personas involucradas y cuál fue la participación específica que habría tenido cada detenido en los hechos denunciados.
El cobro de piso, una amenaza para quienes trabajan por cuenta propia
Para un comerciante, abrir un puesto significa buscar el sustento diario. Cuando aparecen exigencias de dinero acompañadas de amenazas, no solo se pone en riesgo la actividad económica: también se extiende la incertidumbre a las familias.
El caso de la CAPU vuelve a poner sobre la mesa la importancia de denunciar la extorsión y el secuestro, así como de investigar cada señalamiento con rigor.
La detención de dos personas representa un avance en la indagatoria, pero el esclarecimiento completo dependerá de las pruebas, la identificación de posibles participantes y las decisiones de las autoridades judiciales.
Escrito por Redacción Puebla En Línea
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