Han pasado 7 semanas desde que la Ley Casco entró en vigor en Puebla, y aunque su aplicación ya es obligatoria, aún no se ha definido cuál será el distintivo oficial que deberán portar los motociclistas en el estado. Una pieza clave del reglamento sigue pendiente.
En conferencia, la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, informó que apenas esta semana comenzarán las reuniones con Seguridad Pública para establecer los criterios del holograma y su implementación.
🧩 Una ley sin distintivo… todavía
Aunque la intención de la ley es clara —identificar fácilmente a conductores responsables y frenar delitos cometidos a bordo de motocicletas—, la falta de definición sobre el distintivo genera incertidumbre entre miles de motociclistas y autoridades encargadas de hacerla cumplir.
Tanús Osorio fue enfática al señalar que la labor de su dependencia se limita a tres puntos clave:
- Determinar el diseño del holograma o distintivo
- Coordinar el proceso de distribución
- Elaborar un padrón oficial que estará disponible para autoridades de procuración de justicia
Pero mientras tanto, la implementación real de la Ley Casco permanece incompleta.
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⚠️ Una ley urgente… con pasos lentos
La Ley Casco fue aprobada para enfrentar una preocupante realidad: el uso de motocicletas para cometer delitos va en aumento en Puebla. El distintivo busca hacer visible, con un solo vistazo, si una motocicleta está registrada y en regla.
Sin embargo, sin un holograma oficial, ¿cómo podrán las autoridades distinguir entre un conductor legal y uno sospechoso?
La urgencia con la que se aprobó la ley contrasta con la lentitud en la ejecución de sus componentes fundamentales. Y mientras tanto, la ciudadanía sigue vulnerable ante actos delictivos que esta legislación prometía combatir.
🧠 Las leyes no se aplican solas
Una ley sin ejecución efectiva es solo papel con tinta. Si el distintivo no existe, si el padrón no está activo, si las autoridades no están coordinadas, entonces la Ley Casco no protege a nadie.
Los ciudadanos tienen derecho a exigir resultados concretos. Porque una buena intención, sin acciones, es tan peligrosa como la omisión. La movilidad segura no se decreta; se construye, se regula y se vigila.
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