Trabajadores del Cecyte Puebla aseguran que reciben una exigencia semanal que podría tener implicaciones electorales: entregar 10 credenciales del INE por persona. Quienes se niegan, afirman, enfrentan presión para renunciar o incluso perder su empleo.
La denuncia coloca nuevamente en el centro de la conversación la frontera —a veces demasiado delgada— entre una institución pública, los derechos laborales y la actividad político-electoral.
De acuerdo con los trabajadores inconformes, la presunta instrucción habría sido girada por Virginia González Melgarejo, directora general del Cecyte Puebla y señalada por ellos como aspirante a una diputación local por Morena.
Los denunciantes sostienen que cada trabajador tendría que conseguir y entregar 10 credenciales de elector del Instituto Nacional Electoral (INE) por semana, bajo la advertencia de que su permanencia laboral estaría condicionada al cumplimiento de esta petición.
Los principales señalamientos
- 10 credenciales del INE por trabajador cada semana, según la denuncia.
- La exigencia tendría como fecha límite el proceso electoral de 2027.
- Trabajadores que se habrían negado aseguran haber sido presionados para firmar su renuncia.
- Los denunciantes reportan ocho despidos desde la semana pasada y hasta este martes entre quienes se opusieron a entregar credenciales.
- Afirman que fueron llamados uno por uno por directores y directoras de área y que, antes de ingresar a las reuniones, les retiraron sus teléfonos celulares.
Los trabajadores aseguran que las instrucciones no habrían sido comunicadas de manera general, sino mediante reuniones individuales.
Según su versión, los responsables de distintas áreas serían quienes estarían citando al personal para transmitir la supuesta orden.
El señalamiento más delicado es precisamente ese: que la permanencia en el empleo estaría vinculada con una actividad relacionada con credenciales electorales.
De confirmarse, no se trataría únicamente de un conflicto interno del organismo educativo, sino de una situación que ameritaría la revisión de las autoridades competentes para determinar si existió alguna conducta contraria a la legislación laboral o electoral.
Denuncian presión y control de celulares
Los trabajadores también aseguran que durante las reuniones presenciales se les habría solicitado entregar sus teléfonos antes de ingresar.
La razón, según los denunciantes, habría sido impedir que pudieran grabar las conversaciones o comunicarse mientras recibían las instrucciones.
La escena descrita resulta particularmente significativa: trabajadores entrando individualmente, teléfonos fuera de alcance y una supuesta cuota de credenciales electorales que tendría que cumplirse cada semana.
Hasta ahora, estos señalamientos corresponden a la versión de los trabajadores inconformes y no constituyen por sí mismos una confirmación de responsabilidad de la directora general ni del Cecyte Puebla.
Ocho personas, según los denunciantes, ya fueron despedidas
Los inconformes aseguran que desde la semana pasada y hasta este martes ocho trabajadores habrían sido separados de sus puestos después de negarse a entregar las credenciales solicitadas.
También sostienen que se les habría planteado la alternativa de firmar su renuncia en caso de no cumplir con la instrucción.
El dato deberá ser contrastado con documentos laborales y, en su caso, con la versión oficial del Cecyte Puebla y de las autoridades correspondientes.
En cualquier institución pública, una acusación de esta naturaleza no puede resolverse únicamente con rumores de pasillo ni con publicaciones en redes sociales. Requiere documentos, testimonios y respuestas oficiales.
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¿Qué sigue?
La pregunta central ahora es qué responderá el Cecyte Puebla ante estos señalamientos y si existen instrucciones formales, documentos o comunicaciones internas que permitan comprobar o descartar la exigencia denunciada.
También será relevante conocer si los trabajadores despedidos cuentan con constancias de su separación y si alguna autoridad laboral o electoral ya recibió una denuncia formal.
En un país donde la credencial para votar representa un derecho ciudadano y no una moneda de cambio laboral, cualquier señalamiento de condicionamiento del empleo merece ser investigado con seriedad.
La política puede pedir votos; un puesto de trabajo, en cambio, no debería convertirse en el precio de una credencial.
Escrito por Redacción Puebla En Línea
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