🧍♀️ “Yo ya entregué todas las pruebas. Él solo entregó su palabra… y aun así, su caso ya avanza. El mío no.”
En medio de una lucha que no debería estar enfrentando sola, la nutrióloga September Vélez alzó la voz una vez más para exigir justicia. Su agresor, identificado como Armando S. C., exmédico del Hospital Ángeles, fue denunciado por ella hace más de dos meses por violencia familiar… y el proceso sigue estancado.
Mientras tanto, en menos de tres semanas, el mismo sujeto logró que su contra-denuncia fuera integrada rápidamente por el Ministerio Público, pese a que —según Vélez y su defensa— está plagada de testimonios falsos y peritajes manipulados.
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🔴 Feminicidio en grado de tentativa
Acompañada de su abogada Anahí Benítez, del Corporativo Jurídico ByB, se reveló que buscarán reclasificar la denuncia inicial de September como feminicidio en grado de tentativa, ya que cuentan con videos, audios, y una bala utilizada para amenazarla.
“La violencia no fue solo física. También es psicológica, patrimonial, institucional. Me quitaron a mis hijos. Me intentaron callar”, expresó entre lágrimas Vélez.
👶 Sin saber dónde están sus hijos
Uno de los puntos más graves del caso es que September no ha visto a sus hijos en más de 30 días. El exesposo se los llevó sin su consentimiento y podría haber salido del país con ellos, ya que tenía los pasaportes de ambos menores.
“No sé si están en Puebla, en otro estado o en otro país. Ese es mi mayor miedo hoy”, dijo la madre visiblemente afectada.
Legalmente, Armando S. C. está obligado a presentarlos el próximo 18 de junio en Ciudad Judicial a las 11:30 horas, pero hasta ahora no hay garantías.
🎯 ¿Dónde está la justicia para las mujeres?
Lo más alarmante es la doble vara con la que actúan las instituciones. September denuncia que, pese a haber presentado pruebas audiovisuales contundentes, su carpeta no avanza. Mientras tanto, la denuncia del agresor fue integrada solo con una valoración psicológica y testimonios presuntamente pagados.
Además, recientemente descubrió un geolocalizador en su coche, lo que encendió las alertas de que está siendo vigilada, y fue necesario asignarle escoltas por parte de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres.
Esta historia no debería ser contada una y otra vez con nombres distintos. La violencia institucional es real. Cuando la justicia no llega, también se convierte en cómplice.
¿Cuántas pruebas más necesita una mujer para ser escuchada?
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