La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó la baja de seis fiscales foráneos que llegaron junto a Idamis Pastor Betancourt en diciembre de 2024, marcando un nuevo episodio de reacomodo interno dentro del organismo.
Tres de los funcionarios —Luis Antonio León Delgadillo, Miguel Ángel Islas Álvarez y Jorge Malvaez Rodríguez— estaban adscritos a las fiscalías de Alta Incidencia y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
De acuerdo con fuentes internas, los tres fueron señalados por presuntamente encabezar una red de corrupción y extorsión al interior del organismo, con la supuesta manipulación de carpetas de investigación y extorsiones a al menos 39 empresarios poblanos.
Ante las denuncias, la Fiscalía de Asuntos Internos abrió indagatorias formales para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
Más salidas dentro de la institución
Entre las nuevas bajas también destaca la de Oswaldo Jiménez Juárez, titular de la Fiscalía Metropolitana, nombrado en enero de 2025. Jiménez arrastra antecedentes por presunta tortura y negligencias en la investigación del feminicidio de Fátima, una menor asesinada en la Ciudad de México en 2020.
Otra destitución relevante es la de Bonifacio Sergio Olivares Aguilar, quien encabezaba la Fiscalía de Secuestro y Extorsión, señalado por irregularidades en la indagatoria de un accidente en Cuautitlán Izcalli, donde murió un vendedor de tamales.
Asimismo, fue separado de su cargo Diego Domínguez Idalias, quien había asumido recientemente la titularidad de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia tras la salida de León Delgadillo.
Aunque el comunicado oficial de la FGE señala que las bajas ocurrieron por “renuncias voluntarias”, fuentes extraoficiales sostienen que a Jiménez Juárez se le pidió la renuncia por malos manejos dentro de su área.
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Un cambio necesario, pero no suficiente
La salida de estos funcionarios revela fracturas profundas dentro de la Fiscalía, donde los casos de corrupción y abuso de poder parecen una sombra persistente.
Mientras la ciudadanía exige transparencia y justicia, el organismo intenta reconstruir su credibilidad bajo la lupa pública.
La pregunta que flota es inevitable: ¿serán estas bajas un paso real hacia la depuración institucional o solo un nuevo ajuste en la superficie?
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