La educación pública volvió a colocarse en el centro del debate. El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó la remoción de 10 funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal, tras detectarse presuntas irregularidades en la asignación de plazas docentes y administrativas.
Sin revelar nombres, el mandatario explicó que la decisión se tomó para proteger el debido proceso y la integridad de los implicados, al tiempo que subrayó que su gobierno “no es represor ni incurre en actos indignos”, pero sí firme frente a la corrupción.
Qué se detectó en la auditoría
Armenta recordó que hace semanas ordenó una auditoría a la SEP, luego de encontrar anomalías durante la gestión del extitular Chárbel Jorge Estefan Chidiac.
Los primeros resultados arrojaron que:
- Plazas docentes y administrativas fueron entregadas de forma directa,
- Sin concursos ni exámenes, como lo establece la normatividad,
- Lo que habría generado distorsiones en la plantilla educativa, con escuelas que carecen de personal pese a que en nómina los espacios aparecen cubiertos.
Compromiso con la legalidad
El gobernador fue enfático al asegurar que toda futura asignación de plazas se hará con apego estricto a la ley, bajo procesos transparentes y supervisados, para garantizar que lleguen a los perfiles mejor preparados.
Además, lanzó un llamado directo a los sindicatos para no presionar la liberación de plazas, al recalcar que la auditoría sigue en curso y que el combate a la corrupción será una prioridad de su administración.
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Una señal necesaria
La revisión a la SEP no solo revela fallas administrativas, sino una herida más profunda: cuando la corrupción alcanza a la educación, el daño es generacional. Transparentar las plazas no es un ajuste político, es una deuda con estudiantes, docentes y comunidades enteras que esperan escuelas con maestros reales, no solo en papel.
Redacción Puebla En Línea
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