Cuando las instituciones optan por el silencio y la displicencia frente al discurso de odio, la ética legislativa queda reducida a un mero formulismo de tinta y papel. En el Congreso de Puebla, los llamados nacionales a la congruencia parecen chocar con un muro infranqueable de protección partidista.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Pável Gaspar Ramírez, cerró filas en torno a sus compañeras de bancada, Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, al descartar cualquier tipo de sanción legislativa en su contra y, de paso, ignorar el exhorto formal emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para fijar un posicionamiento oficial ante sus polémicas expresiones contra los adultos mayores.
Puntos clave del caso
- Actor central: Pável Gaspar Ramírez, líder de la Jugocopo y de la bancada de Morena en el Congreso local.
- El exhorto ignorado: La CNDH calificó como inaceptables los discursos discriminatorios disfrazados de humor y exigió un pronunciamiento institucional y procesos profundos de sensibilización.
- La postura del Congreso: Cero sanciones, cero amonestaciones y evasión de un pronunciamiento oficial claro sobre las expresiones “odiaviejitos” emitidas en el podcast Descasadas.
- El pretexto institucional: El líder legislativo se amparó en que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena ya dictó una suspensión temporal de derechos partidistas, argumentando que las curules se mantienen intactas por haber sido electas mediante el voto popular.
- Acción futura: Pável Gaspar anunció que se reunirá con la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, supuestamente para “perfeccionar” el código de ética interno.
Lejos de asumir una postura de condena firme ante la burla pública hacia las personas adultas mayores, el coordinador de la mayoría guinda optó por matizar el actuar de las legisladoras, calificándolo de posturas personales que cada una debe asumir, mientras evitaba precisar cuándo —o si realmente— el Congreso emitirá el posicionamiento solicitado por el organismo nacional de derechos humanos.
La negativa a sancionar o a exigir la separación de sus cargos exhibe un doble estándar donde la disciplina partidista interna se disfraza de respeto democrático, dejando en evidencia que los códigos de ética en el recinto legislativo operan más como sugerencias decorativas que como normas de cumplimiento obligatorio.
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Cuando la protección política se antepone al respeto elemental de los derechos humanos y la dignidad de los sectores más vulnerables, el Congreso de Puebla envía un mensaje desalentador: las palabras ofensivas tienen costo social en las calles, pero impunidad absoluta en las curules.
Escrito por Redacción Puebla En Línea
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