En Puebla, mientras el gobierno distrae a la opinión pública con leyes que obligan a portar chalecos fosforescentes y censuran la voz digital, la ciudad se hunde en una crisis de movilidad y seguridad ignorada a propósito. Los ciudadanos, cada vez más acorralados entre extorsionadores disfrazados de conductores y autoridades obsesionadas con el control, descubren que la verdadera amenaza no viene de la calle, sino de un sistema que prefiere silenciar y etiquetar antes que escuchar y proteger.
En redes sociales ya es casi rutina: personas que denuncian cómo fueron chocados a propósito por grupos organizados, que los intimidan para que paguen en el momento montos absurdos, bajo la amenaza de violencia o falsas acusaciones. Los delincuentes viajan en autos con mujeres, niños o ancianos para simular “normalidad”, eligen víctimas con autos bien cuidados pero sin seguro, y se aprovechan de la indiferencia de las autoridades, que pareciera que sólo aparecen cuando es para quitar una moto o exigir un chaleco.
¿Dónde están los operativos contra los autos sin placas? ¿Dónde la inteligencia para desarticular a estos grupos que actúan con total impunidad? No, para el gobierno es más sencillo suponer que todos los males vienen del aumento de motocicletas, no del abandono social, ni del desempleo, ni de la inexistencia de una estrategia real de movilidad o seguridad ciudadana.
Y cuando la gente alza la voz en redes, cuando exige justicia o advierte sobre nuevos casos, lo que reciben no es una respuesta del Estado: es un ejército de bots oficialistas que les dicen que los montachoques vienen de CDMX o del Edomex, como si eso fuera un consuelo. Como si el hecho de que el crimen tenga otra placa lo hiciera menos violento o menos real. Como si el “no es nuestro” anulara la responsabilidad institucional.
Pero eso sí, regular memes y repartir chalecos, eso urge.
La represión digital y visual vende más que la solución estructural.
Y volvemos al punto central: este gobierno —como tantos otros— no quiere resolver, quiere controlar. No busca una ciudadanía crítica, sino una ciudadanía silenciosa. No quiere calles seguras, quiere ciudadanos asustados. Y el resultado es una Puebla donde moverte en moto es motivo de sospecha, donde opinar puede ser motivo de censura, y donde chocar podría costarte no solo dinero, sino la dignidad.
Porque cuando un gobierno deja de ver al ciudadano como su razón de ser y comienza a tratarlo como un problema, deja de ser gobierno y se convierte en obstáculo.
No es seguridad, es simulación. No es justicia, es castigo. Puebla no necesita más controles: necesita más gobierno.
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