Entre 2024 y 2026, la institución diseñada para combatir la impunidad se ha convertido, paradójicamente, en el epicentro de las denuncias por tratos crueles. La sombra de la tortura no es una cifra más; es un síntoma de un sistema judicial que parece perder el rumbo entre la detención y la dignidad.
De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGE) concentra el 50% de las quejas por tortura registradas en el estado en los últimos dos años. De un total de 128 denuncias acumuladas, 63 señalan directamente a la institución encargada de investigar los crímenes.
La CDH advierte que esta alta incidencia tiene una explicación técnica, aunque no por ello menos alarmante: el papel protagonista que juega la Fiscalía durante el proceso de detención. La línea entre la aprehensión legítima y el abuso de autoridad se ha vuelto peligrosamente difusa.
Detrás de la FGE, el sistema penitenciario carga con 33 señalamientos, mientras que el resto de las quejas se reparten entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y diversos ayuntamientos, dibujando un mapa institucional donde el respeto a los derechos humanos parece estar en constante litigio.
Radiografía del abuso institucional (2024-2026):
- Total de quejas: 128 denuncias por tortura presentadas ante la CDH Puebla.
- FGE en el ojo del huracán: 63 de las quejas (casi la mitad) señalan a la Fiscalía.
- Centros penitenciarios: 33 señalamientos.
- El resto: Distribuidos entre la Secretaría de Seguridad Pública y corporaciones municipales.
- Causa raíz: La CDH identifica que el momento de la detención es el punto crítico donde la violencia suele desbordarse.
Si quieres seguir esta y otras notas de interés en tiempo real, únete a nuestro canal de WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va5CSyuEQIalZaJWpX1h
El ejercicio de la justicia no puede ser construido sobre los escombros de la integridad humana. Cuando la institución encargada de dar cauce a la legalidad es la misma que más denuncias recibe por violarla, nos enfrentamos a una crisis de legitimidad que no se resuelve con números, sino con una reingeniería ética en la forma en que el Estado ejerce su fuerza sobre el ciudadano.
La justicia es, en esencia, la salvaguarda del débil frente al fuerte. Cuando el Estado, a través de sus fiscales y policías, confunde la detención con la tortura, no solo está fracturando la ley; está despojando a la ciudadanía de su derecho más elemental: el de ser tratado como un ser humano, aun en la hora más oscura de la sospecha.
Escrito por Redacción Puebla En Línea
- ¿Quién vigila al vigilante? La FGE de Puebla concentra el 50% de quejas por tortura
- La otra cara de la justicia: el preocupante reporte de la CDH sobre tortura en la Fiscalía
- Tortura en Puebla: la mitad de las denuncias apuntan a la Fiscalía General del Estado
- Justicia o abuso: las cifras que ponen a la Fiscalía de Puebla en el ojo del huracán
- FGE y tortura: el debate sobre el uso de la fuerza en las detenciones poblanas