Hay cuentas pendientes que el tiempo y las auditorías se encargan de cobrar con intereses políticos, transformando las facturas del pasado en batallas legales del presente. En el ajedrez del poder poblano, las fichas se mueven al ritmo de los plazos legales y de los tiempos electorales.
El exalcalde de Puebla capital y aspirante a la gubernatura en 2024, Eduardo Rivera Pérez, recibió un duro revés tras ser sancionado con una inhabilitación de 15 años para ocupar cargos públicos y una multa, resolución emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del estado. El panista ya confirmó el fallo y adelantó que lo impugnará, al tiempo que denunció presuntos tintes políticos detrás de la decisión.
Puntos clave de la información:
- La sanción: Inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos y multa económica dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
- El origen del caso: Nueve pliegos de observaciones emitidos por la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre la cuenta pública 2022, por un monto superior a los 45.6 millones de pesos con posible daño patrimonial.
- La postura del exedil: Eduardo Rivera, actual secretario de Desarrollo Institucional del CEN del PAN, calificó de “preocupante coincidencia” que la resolución llegue al inicio del proceso electoral de 2027 y acusó un ataque sistemático.
- Antecedente político: Exalcalde de Puebla y candidato derrotado por la gubernatura en 2024 frente al actual mandatario estatal, Alejandro Armenta Mier.
- Frente municipal: La Contraloría del Ayuntamiento mantiene abiertos 16 expedientes contra funcionarios de su administración, de los cuales 12 fueron enviados al TJA por presunto peculado y desvío de recursos.
La investigación que hoy pone contra las cuerdas al cuadro panista tiene sus raíces en las revisiones de la cuenta pública 2022, donde la Auditoría Superior del Estado detectó un boquete financiero de 45 millones 609 mil 595 pesos sin aclarar. Tras el desahogo de los procedimientos, el Tribunal de Justicia Administrativa determinó la inhabilitación por tres lustros, un golpe mayúsculo para las aspiraciones políticas de quien fuera carta fuerte de la alianza opositora en el pasado proceso electoral.
Ante el fallo, Rivera Pérez no tardó en fijar postura a través de sus espacios de comunicación y defensa jurídica, cuestionando la temporalidad de la resolución en la antesala de la contienda de 2027 y exigiendo un proceso imparcial. A este frente legal se suma la presión ejercida por la Contraloría municipal —encabezada por Dulce Lilia Rivera Arana—, la cual documentó 16 expedientes contra excolaboradores de la gestión panista, turnando al menos 12 casos ante el TJA por faltas graves vinculadas a la posible malversación de recursos públicos.
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Cuando la rendición de cuentas y la disputa partidista cruzan sus caminos, la línea entre la justicia institucional y la suspicacia política suele volverse difusa ante los ojos de la ciudadanía. Lo innegable es que el manejo de los recursos públicos exige transparencia absoluta, y las observaciones financieras del pasado siempre terminan por alcanzar a quienes detentaron el poder.
Escrito por Redacción Puebla En Línea
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