En Puebla, los fraudes y delitos cometidos con vehículos rentados se han multiplicado en los últimos años. Autos arrendados que terminan desmantelados, revendidos o usados para cometer delitos.
Ante ese vacío legal, la diputada Graciela Palomares, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa que podría marcar un antes y un después en el Código Penal del Estado.
La propuesta busca sancionar con hasta 18 años de prisión a quienes usen o comercialicen autos rentados con fines ilícitos, endureciendo así las penas contra un modus operandi cada vez más común en el estado.
⚖️ Una reforma para cerrar vacíos legales
La iniciativa contempla adicionar el artículo 375 Bis al Código Penal de Puebla.
En él se establece que será equiparable al robo cualquier conducta en la que un vehículo arrendado sea:
- Desmantelado
- Vendido
- Alterado o
- Utilizado para cometer delitos, sin el consentimiento del propietario o de la empresa arrendadora.
Las penas propuestas oscilan entre 6 y 12 años de cárcel, además de multas de 500 a 2,000 UMAs.
Sin embargo, la sanción podrá aumentar hasta la mitad si el delito se comete con documentos falsos o si el responsable trabaja dentro de la empresa arrendadora y usa su posición para facilitar el crimen.
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🚘 De abuso de confianza a robo
Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es que estas conductas dejarán de considerarse “abuso de confianza”, figura legal que en muchos casos permite penas menores o incluso la libertad bajo fianza.
Con la reforma, los responsables serían tratados como ladrones, con todo el peso de la ley.
Graciela Palomares aclaró que la medida no criminaliza a quienes se retrasan en devolver un auto rentado, sino que busca castigar a quienes cometen delitos graves bajo ese esquema.
“Hay empresas afectadas, pero también ciudadanos que confían en estos servicios y terminan involucrados en fraudes”, señaló la legisladora.
🧩 Una medida con impacto social
El robo y uso ilícito de vehículos rentados se ha convertido en una nueva forma de crimen organizado, que aprovecha los vacíos del sistema jurídico.
Los autos se alquilan con documentación falsa, se desmantelan o usan para transportar droga, armas o personas, y luego desaparecen.
Con esta reforma, Puebla busca cerrar la puerta a esas prácticas y enviar un mensaje claro: la renta de vehículos no puede ser un escudo para la impunidad.
La iniciativa de Palomares no solo busca proteger a las empresas arrendadoras, sino también restaurar la confianza en un sistema que, hasta ahora, dejaba grietas abiertas a la delincuencia.
Porque en un país donde la ley suele llegar después del daño, legislar a tiempo puede ser la diferencia entre la prevención y la resignación.
Quizás sea momento de recordar que la justicia también se conduce con responsabilidad.
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