En política, las palabras pesan tanto como las acciones. Y en Puebla, el gobernador Alejandro Armenta lo dejó claro: en su gobierno no hay espacio para el silencio, ni siquiera en la madrugada.
Durante un acto público, el mandatario soltó una advertencia que encendió murmullos entre asistentes y funcionarios: los integrantes de su gabinete que no atiendan sus llamadas a altas horas de la noche serán sancionados, una vez que rinda su primer informe de gobierno en diciembre.
Con un tono entre broma y advertencia, Armenta expresó:
“Y los que no me contestan les pongo una tachecita, y así se les va acumulando como el maestro me encargó”, relatando que el consejo le fue dado por su asesor Garzón Lazcano.
Entre líneas: la presión del cargo
Aunque el gobernador no detalló cuál sería la sanción, dejó entrever que la salida del gabinete podría ser la consecuencia final para aquellos que, por sueño o descuido, dejen sonar el teléfono sin responder.
Este estilo de control y disciplina dentro del gobierno estatal abre el debate sobre los límites entre la disponibilidad laboral y la vida personal, sobre todo cuando se trata de cargos públicos que implican responsabilidad constante.
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El comentario de Armenta, más allá de su tono ligero, refleja la forma en que la política mexicana suele exigir entrega total a la figura del gobernante. La pregunta que queda en el aire es si el derecho al descanso también se convierte en un privilegio que los funcionarios deben sacrificar en nombre de la lealtad.
¿Hasta qué punto la disciplina política se convierte en obediencia absoluta?
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