La historia se repite en los pasillos del poder, donde los números suelen pesar más que las palabras.
La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Puebla determinó la inhabilitación de Teresa Castro Corro, ex secretaria de Planeación y Finanzas durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, por su implicación en el escandaloso caso Banco Accendo.
El fallo no es menor: una sanción económica de 362 millones 997 mil 678 pesos y 20 años sin poder ocupar cargos públicos. Un golpe legal y simbólico para quien fuera una de las piezas más influyentes en la estructura financiera del barbosismo.
El origen del colapso: una inversión que nunca regresó
En 2021, la administración estatal decidió invertir más de 604 millones de pesos del erario poblano en Banco Accendo, buscando supuestos rendimientos financieros que beneficiarían al estado.
El resultado fue desastroso: la institución quebró meses después de recibir el depósito, y de todo ese dinero público solo se recuperaron 7 millones 428 mil 722 pesos.
La pérdida, equivalente a casi todo el monto invertido, dejó un hueco profundo en las finanzas públicas y una marca indeleble en la credibilidad del gobierno estatal.
La sanción impuesta equivale al 60% del daño causado al erario, calculado bajo el artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que castiga los perjuicios que exceden 200 veces el valor diario de la UMA.
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La caída de una pieza clave
De acuerdo con el periodista Valentín Varillas, la resolución fue emitida el 30 de septiembre de 2025 por un tribunal integrado por cuatro magistrados ponentes.
La sentencia marca un precedente dentro del aparato judicial poblano: por primera vez una ex secretaria de Finanzas es sancionada por desvío de recursos públicos y abuso de funciones a tal escala.
El caso Banco Accendo se convirtió en un ejemplo de cómo una sola decisión financiera puede poner en jaque el destino de millones de pesos que pertenecen a los ciudadanos.
Las lecciones del dinero público
El episodio deja una lección que va más allá de los números: el dinero público no es abstracto, tiene rostro, nombre y apellido.
Cada peso invertido sin sustento es una oportunidad perdida para escuelas, hospitales o carreteras.
Y aunque los tribunales comienzan a poner orden, la verdadera reparación solo llegará cuando el erario deje de ser campo de apuestas.
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