Puebla, Pue. — Las luces del Congreso del Estado brillaban como cada jueves en los pasillos del poder. Lo que parecía un foro más sobre seguridad digital, se convirtió en un escenario incómodo cuando entre los ponentes emergió un rostro conocido… y no por razones honorables.
Jorge Alberto Domínguez Martínez, exprofesor de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, acusado de acoso sexual en 2019, subió al estrado bajo el pretexto de defender la ley contra el ciberasedio, provocando la incredulidad —y rechazo— de varios asistentes.
⚖️ Un regreso cargado de polémica
Aquel que fuera separado de su cargo por violar el Código de Ética institucional —tras demandar a la estudiante que lo denunció— ahora se presentó como abogado y defensor de derechos humanos.
Desde el micrófono, defendió la legislación que castiga a quienes atacan a otros digitalmente, asegurando que no limita la libertad de expresión, sino que protege a las verdaderas víctimas del entorno virtual.
“No vine a defenderme, sino a defender la ley”, fue el subtexto de su intervención, la cual fue breve, evitando agotar los tres minutos asignados.
Pero su presencia habló más que sus palabras.
💬 Lo que no se olvida
La Escuela Libre de Derecho de Puebla lo destituyó por incumplir con los principios que la rigen: promover un proceso legal en contra de quien lo denunció, en lugar de optar por la conciliación o mecanismos alternativos.
El Consejo Técnico de la institución lo dejó claro: su proceder fue incompatible con los valores éticos de la docencia.
Además, el exprofesor interpuso querellas contra medios de comunicación que difundieron su caso, desatando aún más críticas públicas.
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En tiempos donde la violencia de género digital cobra nuevas formas, ¿es ético que quienes han sido señalados por actos similares se erijan como voceros de justicia virtual?
La lucha contra el ciberasedio es legítima. Pero su defensa exige coherencia, no contradicciones.
La presencia de figuras con antecedentes cuestionables en foros ciudadanos es un espejo del sistema: uno que aún confunde impunidad con participación.
Y mientras tanto, las verdaderas víctimas siguen buscando justicia… sin micrófono.
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