La mañana apenas clareaba cuando José Antonio Flores, padre de un alumno de la Secundaria Técnica 2 Francisco I. Madero, llegó al plantel con un solo objetivo: solicitar más tiempo para pagar la cuota de inscripción de 1,600 pesos que permitiría a su hijo cursar el tercer año en el ciclo escolar 2025-2026.
No pedía un favor extraordinario. Solo unos días. Pero la respuesta fue un rotundo “no”.
📌 Educación: derecho constitucional, no mercancía
Flores explicó que hace apenas veinte días perdió su empleo, situación que lo dejó sin liquidez inmediata. Con voz firme recordó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha dejado claro, mediante comunicados oficiales, que las cuotas son aportaciones voluntarias y que, en ningún caso, se puede condicionar la inscripción de un estudiante al pago de estas.
Sin embargo, la práctica en muchos planteles parece contar otra historia.
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🧾 El reclamo de un padre, la realidad de muchos
José Antonio no se negó al pago. Solo pidió una prórroga que le permitiera cumplir con la aportación una vez resuelta su situación económica. La negativa, más allá del caso individual, abre un debate que atraviesa las aulas de todo el país: ¿por qué se sigue condicionando un derecho fundamental a un trámite económico disfrazado de “aportación voluntaria”?
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