Hay muros que no solo privan de la libertad, sino que confinan a las personas a un abandono institucional donde los derechos más elementales —como beber agua limpia o recibir atención médica básica— terminan convertidos en mercancías o lujos inalcanzables. Cuando la subsistencia diaria dentro de un centro penitenciario depende de la capacidad económica de las familias, la reinserción social se transforma en una condena de precariedad.
Un informe de supervisión del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dejó al descubierto las severas deficiencias que enfrenta el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en la capital poblana, donde el 64% de los reos se ve obligado a comprar el agua potable por sus propios medios ante la falta de un suministro universal y gratuito.
Puntos clave de la información:
- Origen del informe: Supervisión realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la CNDH en visitas llevadas a cabo entre diciembre de 2025 y enero de 2026.
- Agua potable privatizada: El 64% de los internos entrevistados debe adquirir agua para consumo a un costo de entre 20 y 25 pesos, ya que el penal solo entrega el líquido de forma gratuita durante los horarios de comida.
- Carencias en higiene: El 76% reportó desabasto frecuente en las regaderas, obligándolos a bañarse con cubetas y a calentar el agua mediante resistencias eléctricas.
- Abusos y desabasto: Se detectaron tienditas internas con precios exorbitantes (leche de 35 a 60 pesos y detergente hasta en 45 pesos), periodos de ayuno de hasta 17 horas y un 42.1% de fallas en la entrega de medicamentos.
- Presupuesto vs. Realidad: A pesar de que el Cereso de San Miguel recibió un presupuesto asignado de 273.3 millones de pesos en 2025, el diagnóstico general de la CNDH le otorgó una calificación reprobatoria de 6.16 de 10.
La supervisión de la CNDH reveló un panorama crítico en torno al acceso al agua potable y los insumos de primera necesidad dentro de San Miguel. Si un interno desea consumir agua fuera del horario de reparto de alimentos, se ve forzado a comprarla en las tienditas de los módulos o esperar a que sus familiares se la lleven los días de visita. A este gasto se suma el sobreprecio en abarrotes básicos, donde el 60% de los encuestados denunció costos excesivos. Asimismo, el acceso a servicios de salud mostró severas deficiencias: más del 42% afirmó no recibir los medicamentos requeridos para sus padecimientos y la mitad calificó el servicio médico como regular o deficiente.
El estudio también exhibió anomalías graves en la alimentación diaria y la habitabilidad. Un 64% de los presos consideró suficiente la cantidad de comida, pero solo el 20% la evaluó como de buena calidad, señalando que han llegado a pasar lapsos de ayuno de hasta 17 horas debido a los prolongados intervalos entre las entregas de los platillos. A la par, se constataron problemas de sobreocupación y el uso de áreas improvisadas para alojamiento, aunado a que solo un 12.2% de la población carcelaria participa en actividades formales del centro, dominando el autoempleo como único medio de sustento.
El contraste financiero resulta alarmante. Durante el ejercicio 2025, el gobierno estatal destinó al penal de San Miguel una bolsa presupuestal de 273 millones 370 mil 959 pesos —de un total de 786.6 millones asignados a todo el sistema penitenciario de Puebla—; sin embargo, los recursos no se reflejan en condiciones dignas para los 3 mil 306 internos registrados a inicios de 2026. Las observaciones de la CNDH mantienen al penal poblano con una nota de 6.16, arrastrando fallas históricas en custodia, higiene en cocinas y prevención de violaciones a los derechos humanos.
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La privación de la libertad es la sanción legal a un delito, no la anulación de la condición humana ni del derecho al agua y a la salud. Que un penal con un presupuesto superior a los 273 millones de pesos mantenga a sus internos comprando su propia agua o usando resistencias eléctricas para bañarse expone una opacidad administrativa y una falta de fiscalización que exigen correctivos inmediatos por parte de las autoridades penitenciarias de Puebla.
Escrito por Redacción Puebla En Línea
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