Una polémica compra y contratación: el escándalo que sacude a Puebla
La exauditora superior de Puebla, Amanda Gómez Nava, está bajo la lupa del Congreso del Estado por una serie de irregularidades que, de confirmarse, podrían tener consecuencias legales graves. La denuncia surgió tras una revisión de documentos realizada por el Congreso, donde se revelaron detalles que no solo comprometen su administración, sino que también involucran a otros exfuncionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
¿Qué está en juego?
- Camioneta blindada sin justificación
El primer señalamiento involucra la compra de una camioneta Chevrolet Tahoe blindada con un valor de 2.8 millones de pesos. El contrato fue firmado en mayo de 2023, pero, sorprendentemente, no se presentó la documentación necesaria que justificara la compra. La auditoría reveló que no existió un dictamen de excepción a la licitación pública, ni se encontró evidencia de las bitácoras de combustible que deberían haberse registrado al usar el vehículo. Aún más preocupante, la camioneta sigue en poder de la ASE, pero no se ha documentado que esté bajo resguardo, lo que aumenta las dudas sobre el manejo de los recursos públicos. - Contratación de alimentos sin licitación
El otro problema radica en la adquisición de servicios de alimentos por un monto de 984 mil pesos en febrero de 2023. Aunque el dinero fue destinado para la alimentación del personal, no se presentó la licitación correspondiente, ni se proporcionaron detalles sobre cómo se eligió a la proveedora, María del Carmen Jacqueline Hernández Tobón. Este tipo de contrataciones sin el debido proceso podrían poner en peligro la transparencia y la legalidad en el uso de los recursos públicos.
La investigación en marcha
La Unidad Técnica de la ASE ya ha comenzado con un proceso de investigación que se estima durará unos 15 días. Durante este tiempo, se determinará si los exfuncionarios implicados serán sancionados o si se tomarán otras acciones legales. Amanda Gómez Nava, quien renunció al cargo el 26 de octubre de 2023, enfrentará el escrutinio de las autoridades y de la sociedad, que exige justicia y claridad en el manejo de los recursos públicos.
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