En Puebla, la informalidad no siempre es una elección; muchas veces es un callejón sin salida. El gobernador Alejandro Armenta lanzó una declaración que puso sobre la mesa una realidad incómoda: los comerciantes en mercados y tianguis pagan más en cuotas ilegales y cobros municipales que lo que pagarían si estuvieran dentro de la formalidad.
📌 Entre el miedo y la costumbre
Armenta sostuvo que los vendedores ambulantes y de tianguis, en lugar de ahorrar, terminan financiando un sistema paralelo: pagan a organizaciones que les cobran por “derecho de piso” y a autoridades municipales que exigen cuotas para dejarlos trabajar.
“Si se formalizaran, el gasto sería menor y estarían protegidos por la ley”, afirmó el mandatario, en un mensaje que busca empujar la transición hacia la economía formal.
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⚖️ La paradoja de los mercados
El comentario del gobernador revive un tema espinoso: la línea delgada entre la sobrevivencia y la legalidad. Para muchos comerciantes, la informalidad no es un lujo, sino la única manera de sostener a sus familias. Sin embargo, esa misma ruta los deja atrapados entre la extorsión de grupos externos y la presión de gobiernos locales.
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