Puebla, 2025.
El eco de la justicia llegó tarde, pero llegó. La Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de aprehensión contra Antonio N., señalado como presunto responsable de un violento despojo en 2019 en la colonia Popular Coatepec.
La escena, más propia de una cinta de conflicto urbano que de un expediente legal, involucró a más de 130 personas armadas con tubos, palos, machetes, picos y hasta un taser. Todos ellos, presuntamente liderados por Antonio N. y su asesor legal, irrumpieron en un predio habitado, agredieron a los ocupantes y luego lo tomaron por la fuerza.
🛠️ Invasión armada: lo que ocurrió en minutos destruyó años de esfuerzo
- El grupo instaló carpas y un vehículo dentro del inmueble, marcando su nueva “posesión” del espacio.
- Los legítimos poseedores fueron expulsados sin piedad ni orden judicial inmediata.
- Desde entonces, no pudieron volver a ingresar.
Según informes de la Fiscalía, Antonio N. se ostenta como operador de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, un grupo con antecedentes polémicos en diversas acciones de protesta y ocupaciones en Puebla.
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⚖️ ¿Protesta social o abuso de poder? Una delgada línea entre derecho y delito
Aunque los movimientos sociales cumplen una función vital en la lucha por los derechos colectivos, la violencia jamás puede ser legitimada.
Este caso expone la peligrosa instrumentalización de organizaciones sociales para intereses particulares.
La legítima defensa del espacio público y el trabajo informal no debe confundirse con la toma violenta de propiedades privadas.
¿Cuántos despojos más quedarán impunes si no se fortalece el estado de derecho en comunidades vulnerables?
🧠 Reflexión para la conciencia ciudadana:
Las luchas sociales deben tener límites éticos claros.
La justicia social no puede construirse sobre la base del despojo, la intimidación o la violencia organizada.
El respeto a la ley, a la propiedad y a la vida debe prevalecer, sin importar quién porte la bandera de la causa.
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