Un exfuncionario encargado de garantizar la seguridad en Aquixtla ahora enfrenta un proceso penal por presuntamente participar en la agresión, sometimiento y robo de varias personas. La Fiscalía de Puebla busca esclarecer lo ocurrido hace más de cinco años.
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Luis Miguel N., exsecretario de Seguridad Pública de Aquixtla, por su probable responsabilidad en los delitos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como robo agravado.
Los hechos que originaron la investigación ocurrieron el 1 de marzo de 2021, cuando varias personas viajaban en un taxi sobre la calle Juárez, en el municipio de Aquixtla.
De acuerdo con las indagatorias, fueron interceptadas por varios hombres que se desplazaban en un vehículo blanco. Uno de ellos portaba un arma larga.
Minutos después llegaron unidades de la Policía Estatal, además del entonces funcionario municipal y otros elementos policiales, quienes presuntamente también participaron en la agresión.
Las víctimas habrían sido sometidas, encapuchadas y despojadas de sus pertenencias. Una de ellas, además, habría recibido múltiples golpes.
Las claves del caso:
- 1 de marzo de 2021: ocurrieron los hechos en la calle Juárez, Aquixtla.
- Luis Miguel N.: exsecretario de Seguridad Pública municipal, señalado por su probable participación.
- Delitos investigados: tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y robo agravado.
- 4 de noviembre de 2026: un juez determinó vincularlo a proceso.
- Prisión preventiva oficiosa: continuará bajo esta medida cautelar durante el procedimiento.
El caso avanzó judicialmente el 31 de octubre de 2026, cuando la Fiscalía formuló imputación contra el exfuncionario y se le impuso prisión preventiva oficiosa.
Posteriormente, el 4 de noviembre, el Juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, resolvió vincularlo a proceso y mantener la medida cautelar.
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La autoridad judicial concedió dos meses para la investigación complementaria, periodo que concluirá el próximo 4 de enero de 2027. Durante ese tiempo, la FGE continuará reuniendo elementos para fortalecer la acusación y esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué sucede cuando quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía son señalados por presuntamente violentar sus derechos?
La vinculación a proceso no representa una sentencia de culpabilidad, pero sí marca un nuevo capítulo en una investigación que busca determinar responsabilidades por hechos ocurridos hace más de cinco años.
Escrito por Redacción Puebla En Línea
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