Dejar las pertenencias en la paquetería de una tienda departamental es un pacto invisible de confianza urbana. Pero esa fe se desvanece cuando el casillero es violentado y la respuesta institucional se reduce al silencio, a cámaras ciegas y a gerentes que dan la espalda.
El pasado 18 de octubre, un cliente de la sucursal Woolworth ubicada en el Centro Histórico de Puebla experimentó esta cruda realidad. Lo que comenzó como una visita rutinaria de compras terminó en un quebranto patrimonial de 40 mil pesos y en una ruta burocrática llena de obstáculos.
Highlights clave del caso:
- Lugar y fecha: Tienda Woolworth del Centro Histórico de Puebla, el 18 de octubre.
- Monto del robo: 10 mil pesos en efectivo y un teléfono iPhone 15 Pro Max valuado en 30 mil pesos.
- El vacío de seguridad: Cámaras de videovigilancia que no cubren directamente la zona de casilleros.
- Instituciones involucradas: Sin postura oficial de la tienda departamental; denuncia inicial interpuesta con retrasos ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
- Hecho central: Dos mujeres son señaladas por abrir el casillero del afectado, quien hoy exige respuestas y la recuperación de su patrimonio.
¿Qué pasó en los casilleros de Woolworth?
El afectado confió sus pertenencias al sistema de resguardo del establecimiento, como lo hacen a diario cientos de compradores. Sin embargo, al regresar por ellas, descubrió que el casillero había sido abierto sin su consentimiento.
Al indagar sobre el paradero de sus objetos, se encontró con un muro de apatía. La gerencia del lugar no ofreció soluciones ni asumió responsabilidad alguna. Peor aún, al cuestionar sobre las cámaras de seguridad que flanquean el pasillo, notó que el ángulo visual eludía convenientemente la zona exacta de los casilleros.
Ante la falta de respuestas claras por parte del personal, la familia decidió acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer la denuncia correspondiente. No obstante, el filtro inicial de atención institucional estuvo marcado por la lentitud, pidiendo al ciudadano esperar en lugar de activar protocolos inmediatos de investigación.
La búsqueda de justicia en redes sociales
Sin el respaldo de la tienda y con el proceso legal caminando a paso lento, el afectado optó por visibilizar el caso a través de las redes sociales. En su publicación, difundió imágenes para pedir la colaboración de la ciudadanía y dar con dos mujeres señaladas como presuntas responsables del hurto.
Por motivos de seguridad, las fotografías que involucran a su esposa y a su hija fueron publicadas con el rostro cubierto, evidenciando el temor y la vulnerabilidad que acompañan a la víctima tras el delito. Hasta el cierre de esta edición, la empresa no ha emitido ninguna postura pública sobre las fallas en su sistema de seguridad interna o el trato otorgado al cliente.
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El caso expone una fisura cotidiana: los espacios que prometen resguardo terminan convirtiéndose en zonas de riesgo donde el consumidor queda a la intemperie. La seguridad privada y la responsabilidad corporativa no deberían depender de que un caso se vuelva viral para recibir una respuesta institucional.
Escrito por Redacción Puebla En Línea
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