Puebla, Pue.— En un país donde la justicia parece tener favoritos, una familia poblana decidió hacer lo correcto… y terminó tratada como criminal.
Todo comenzó con dos perros, abandonados tras un desalojo en una casa de Puebla. No eran de nadie, pero tampoco de nadie que se hiciera cargo. Durante 15 días, los animales permanecieron atrapados entre paredes vacías, sin agua ni comida. Los rescatistas improvisados hicieron lo que marca la ley: denunciaron, esperaron y confiaron en que alguna autoridad acudiría. Nunca pasó.
La desesperación llegó antes que la ayuda. Decidieron actuar para salvar a los canes. Sin embargo, lo que obtuvieron no fueron aplausos ni respaldo: recibieron golpes, arañazos, amenazas y piedras. Los agresores fueron nada menos que los antiguos inquilinos —quienes ni siquiera son dueños del inmueble—, mientras la policía observaba la escena con una interpretación muy particular de la justicia: tratar a los rescatistas como delincuentes.
Lo absurdo: los maltratadores no son dueños de la propiedad, sólo la rentaban. Los jóvenes agredidos son nietos del legítimo propietario. Y, aun así, la ley no defendió ni a los animales, ni a las víctimas.
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En México, salvar una vida —aunque sea de un animal— puede convertirse en un acto que te ponga contra el sistema. Aquí, la ley que debería proteger, castiga; la autoridad que debería actuar, se esconde; y la impunidad se disfraza de procedimiento.
Mientras tanto, dos perros siguen esperando detrás de una puerta cerrada, sin saber que afuera hay quienes quisieron salvarlos… pero que, para la ley, eso es un delito.
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