Cinco años después de la agresión sexual contra una adolescente en Cuetzalan del Progreso, la sentencia condenatoria quedó firme, aunque la pena cambió durante el proceso judicial: de 30 años de cárcel impuestos inicialmente, pasó a 20 años de prisión definitiva.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que la resolución quedó firme el 19 de octubre de 2026, por lo que el expediente fue remitido al Juez de Ejecución de Sentencias para iniciar el cumplimiento formal de la pena.
La agresión ocurrió en agosto de 2021
De acuerdo con los hechos acreditados durante el juicio, el 27 de agosto de 2021 una adolescente se encontraba en un inmueble de Cuetzalan del Progreso, donde fue agredida sexualmente mediante el uso de violencia física por el ahora sentenciado.
El caso llegó ante la autoridad judicial, donde el Ministerio Público presentó pruebas para acreditar tanto los hechos como la responsabilidad penal del acusado.
De 30 a 20 años: así cambió la condena
El 27 de mayo de 2025, un juez dictó una sentencia condenatoria inicial de 30 años de prisión. Sin embargo, la defensa interpuso un recurso de apelación para que la resolución fuera revisada.
El asunto fue analizado por el Segundo Tribunal de Alzada Colegiado en Materia Penal, que modificó la sanción y la estableció en 20 años de cárcel. Los demás pronunciamientos de la sentencia que no fueron modificados se mantuvieron vigentes.
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La sentencia quedó firme en octubre de 2026
El 19 de octubre de 2026, la autoridad judicial declaró que la sentencia causó estado, una expresión jurídica que significa que quedó firme. Con ello, se ordenó enviar el expediente al Juez de Ejecución de Sentencias para dar curso al cumplimiento de la pena.
La resolución cierra una etapa judicial que comenzó con hechos ocurridos en 2021, aunque el cumplimiento de la condena abre otra fase: la ejecución formal de los 20 años de prisión.
En casos de violencia sexual, la justicia no se mide únicamente por los años de cárcel impuestos, sino también por la capacidad de las instituciones para investigar, acreditar responsabilidades y garantizar que las resoluciones judiciales se cumplan.
Escrito por Redacción Puebla En Línea
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