En Puebla, donde el eco de la violencia parece no dejar respiro, la desaparición de 12 hombres en Amozoc y su posterior hallazgo con indicios de haber sido reclutados a la fuerza, abrió una grieta en la política local y encendió las alarmas de la ciudadanía.
Ese vacío legal —donde el “reclutamiento forzado” no aparece como delito en ningún código estatal— pronto podría tener respuesta.
Puebla sería el primer estado en tipificar el delito
En rueda de prensa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) presentó junto al diputado morenista Andrés Villegas una iniciativa que ya se discute en el Congreso local: sancionar con entre 8 y 15 años de cárcel a quienes obliguen a personas a unirse a actividades ilícitas.
“Actualmente ningún estado del país tiene tipificado este delito. De aprobarse, Puebla sería pionero en sancionar el reclutamiento forzado”, subrayó el legislador.
El trasfondo de la urgencia
La desaparición de los 12 hombres en Amozoc no solo estremeció a familias enteras; también expuso un problema que hasta ahora se había nombrado en voz baja. Jóvenes y adultos son arrancados de sus entornos con la fuerza del miedo y la promesa rota de impunidad.
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Una deuda pendiente con las víctimas
El proyecto de ley busca frenar una práctica tan silenciosa como devastadora: obligar a ciudadanos comunes a integrarse en filas criminales bajo amenazas.
Más allá del castigo, se trata de enviar un mensaje: en Puebla, las víctimas no quedarán en el olvido.
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