El eco de la justicia volvió a retumbar entre los pasillos de la Casa de Justicia de la 11 Sur, pero no por una sentencia ejemplar. Esta vez, fue la decisión de la jueza de control Alejandra Román Pérez, del Poder Judicial del Estado de Puebla, la que encendió la indignación social: modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada a arresto domiciliario para Ricardo N, el primer hombre en América Latina vinculado a proceso por violencia vicaria.
La resolución, dictada el 29 de octubre, fue recibida con incredulidad y rabia por víctimas y colectivos que desde hace años denuncian la falta de perspectiva de género en el sistema judicial poblano.
💬 “No están garantizando mi seguridad ni la de mi hijo”
Andrea Lezama, fundadora del colectivo Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria, relató que durante la audiencia solicitó que su agresor usara un brazalete electrónico de localización, pero la jueza lo negó alegando que Ricardo N no podía pagar el costo del dispositivo.
“¿Quién me asegura que la institución cuenta con el número suficiente de elementos para vigilar a mi agresor?”, cuestionó con voz entrecortada. “No están garantizando mi seguridad ni la de mi hijo”.
La única medida dictada por el tribunal fue la vigilancia policial en el domicilio de Ricardo N, una medida que —en palabras de Andrea— “no ofrece garantías reales”.
🧩 Un pasado que sigue doliendo
Andrea no habla desde el miedo, sino desde la experiencia. En junio de 2016, Ricardo N sustrajo a su hijo de apenas un año y diez meses y lo llevó hasta Baja California, donde lo mantuvo oculto por más de cinco años.
Solo hasta 2022, tras una denuncia mediática y la presión de colectivos, el niño fue recuperado.
Durante la búsqueda, Andrea enfrentó omisiones, negligencias y complicidades institucionales. Incluso, una agente del Ministerio Público, Fabiola Romero, fue retirada del caso en 2023 por presuntas irregularidades.
Fue hasta abril de 2023 cuando Andrea logró recuperar la custodia legal de su hijo y demostrar ante un juez que había sido víctima de violencia vicaria, un delito que en México apenas comienza a ser visibilizado.
📢 Colectivos convocan a manifestación
Ante esta nueva resolución judicial, el colectivo Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria convocó a una manifestación pacífica este 31 de octubre frente a la Casa de Justicia de la 11 Sur.
Exigen seguridad y garantías de vida libre de violencia para Andrea y su hijo, así como que el Poder Judicial revise los criterios con los que se están dictando medidas que ponen en riesgo a las víctimas.
💬 Reflexión: cuando la justicia olvida a quién debe proteger
Cada decisión judicial deja huellas. Algunas curan, otras abren heridas. La pregunta que hoy flota en Puebla es simple y dolorosa: ¿de qué lado está la justicia cuando el miedo vuelve a tocar la puerta de las víctimas?
En una sociedad que presume avances en materia de género, esta resolución no solo es un revés legal, sino una herida moral que obliga a replantear el papel de los tribunales ante la violencia vicaria, una de las formas más crueles de agresión contra las mujeres y la niñez.
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🧠 Contexto: el primer caso de violencia vicaria en América Latina
En octubre de 2022, Ricardo N fue detenido en Baja California, convirtiéndose en el primer hombre en América Latina en ser vinculado a proceso por este delito.
Su caso fue considerado emblemático porque abrió el debate sobre cómo las leyes mexicanas enfrentan la violencia ejercida a través de los hijos para dañar a las madres.
📌 Conclusión
El caso de Andrea Lezama no es un expediente más: es el espejo de un sistema que aún duda entre proteger o justificar. Y mientras las víctimas siguen alzando la voz, la justicia parece seguir mirando hacia otro lado.
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