Las grandes autopistas del país fueron concebidas para unir mercados y acercar destinos, pero cuando la corrupción se infiltra en las garitas y oficinas de control, el asfalto se convierte en un tablero de caza donde los criminales saben exactamente a quién esperar.
Las investigaciones en torno al brutal asedio que padecen los transportistas en el estado han dado un giro alarmante. Labores de inteligencia estatal revelaron que la red de atracos sobre la autopista Puebla-Orizaba —especialmente en el conflictivo corredor de Esperanza— contaba con una pieza clave dentro del sistema: personal infiltrado en Caminos y Puentes Federales (Capufe) que facilitaba información privilegiada.
A través de esquemas de “halconeo” institucional, vigilancia y “pitazos” directos, los delincuentes accedían a horarios, rutas y características precisas de los cargamentos de mercancía, evidenciando una colusión que va desde la operación administrativa hasta el poder político municipal.
- El mecanismo de filtración: Empleados de Capufe proporcionaban datos sensibles sobre el tránsito de tráileres y el tipo de carga bajo amenazas o incentivos económicos.
- El corredor delictivo: La autopista Puebla-Orizaba, particularmente a la altura de Esperanza y en las zonas limítrofes con el estado de Veracruz.
- Los implicados clave: La reciente detención de una trabajadora de la dependencia federal y de los expresidentes municipales Isaac N. (Esperanza) y Said N. (Tepeyahualco).
- La postura oficial: El secretario de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, confirmó que estas capturas representan apenas el primer golpe a una red operada desde el poder local.
- El destino de la carga: Los productos robados son colocados posteriormente en tianguis de poblaciones pequeñas a precios muy por debajo del mercado.
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Al respecto, el doctor en Derecho e investigador Jonathan Carlos Amaro Hernández advirtió sobre la urgencia de implementar mecanismos estrictos de control, tales como la rotación periódica del personal en áreas estratégicas —una práctica común en el Poder Judicial— para evitar que los trabajadores cedan ante la presión del crimen organizado bajo la lógica de la “plata o plomo”.
Asimismo, el especialista propuso reforzar la presencia de elementos de la Guardia Nacional y de las fuerzas armadas en las casetas de peaje, cerrando el margen de maniobra a estructuras delictivas que no solo se financian del saqueo carretero, sino que han logrado permutar el poder público en cómplice abierto de la delincuencia.
Cuando las instituciones encargadas de regular y proteger el tránsito nacional se doblan ante la coacción o la codicia, el patrimonio y la seguridad de quienes mueven la economía del país quedan a merced de la ley del más fuerte.
Escrito por Redacción Puebla En Línea
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