El reciente operativo de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial del Ayuntamiento de Puebla, realizado el lunes en la Plaza de la Computación, dejó más que cuatro locales clausurados: abrió la puerta a un presunto “acuerdo económico” para garantizar tranquilidad durante la temporada más fuerte de ventas del año.
De acuerdo con comerciantes del lugar, el martes posterior al operativo se propuso reunir 180 mil pesos por piso —el equivalente a mil 500 pesos por cada uno de los 120 locatarios— con la promesa de que no serían molestados durante el Buen Fin y hasta la temporada de Reyes.
Según testimonios, el presunto trato es coordinado por una mujer identificada como la “Licenciada Patricia”, quien habría solicitado entregar el dinero en el local 510.
“Nos dijeron que si cooperábamos, podríamos trabajar tranquilos hasta enero. No queremos problemas, pero tampoco abusos”, relató uno de los locatarios bajo anonimato.
La Plaza de la Computación cuenta con tres pisos y 360 locales en total. Si cada nivel accede a la “cuota”, el monto ascendería a 540 mil pesos, una cifra que, según los comerciantes, garantizaría impunidad temporal a cambio de efectivo.
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El trasfondo de un operativo que encendió las alarmas
El operativo del lunes fue presentado oficialmente como una revisión de permisos y medidas de seguridad, pero entre los pasillos de la plaza crece la sospecha de que la acción fue el preámbulo de una negociación encubierta.
La incertidumbre se mezcla con la necesidad: los vendedores dependen del Buen Fin, la Navidad y la temporada de Reyes para sostener sus negocios durante todo el año.
En un entorno donde los pequeños comerciantes luchan por sobrevivir entre la formalidad y la presión, el rumor de los pagos refleja una realidad incómoda: la frontera difusa entre la vigilancia legítima y el abuso de autoridad.
Una reflexión necesaria
Puebla enfrenta una disyuntiva que va más allá de los operativos y los acuerdos informales: la confianza ciudadana en sus instituciones.
Cada vez que una presunta “cuota de paz” sustituye a la legalidad, el costo social se multiplica. No solo se pierden pesos, sino también la fe en que la justicia no está en venta.
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