La muerte de Victoria, una niña de seis años, dentro de la clínica de maternidad La Sagrada Familia, en San Pedro Cholula, no solo abrió una investigación sobre las circunstancias de su fallecimiento. También volvió a colocar bajo los reflectores el historial del establecimiento y los antecedentes de su propietario, un exdiputado local y exfuncionario de la Secretaría de Educación Pública de Puebla.
Mientras la familia exige respuestas sobre lo ocurrido durante un procedimiento médico que, según sus familiares, era de baja complejidad, la historia del inmueble revela clausuras, sanciones y un pasado administrativo que hoy cobra nueva relevancia.
Lo más relevante del caso
📍 Lugar: Clínica de Maternidad La Sagrada Familia, San Pedro Cholula, Puebla.
👧 Víctima: Victoria, una menor de 6 años que falleció tras ingresar para un procedimiento médico.
👤 Propietario: Ignacio Alvízar Linares, exdiputado local y exsecretario de Educación de Puebla.
⚖️ Antecedentes: La clínica fue clausurada parcialmente y acumuló señalamientos administrativos desde sus primeros años de operación.
De acuerdo con documentos mercantiles, Maternidad La Sagrada Familia S.A. de C.V. fue constituida en 2014 por Ignacio Alvízar Linares y su entonces esposa, Irma Palacios García, aunque el establecimiento ya era promocionado desde 2013 en redes sociales, donde ofrecía instalaciones de primer nivel y tecnología especializada.
Sin embargo, publicaciones de la época y registros públicos refieren que el inmueble enfrentó diversos problemas administrativos. En 2015 fue clausurado por incumplimientos relacionados con el uso de suelo y, posteriormente, el entonces propietario fue sancionado con una multa tras el retiro de sellos de clausura. A pesar de ello, la clínica continuó operando.
Otro aspecto que llamó la atención fue que, en sus redes sociales, el establecimiento enlazaba una página de internet que correspondía a una clínica ubicada en Argentina con el mismo nombre, mientras que imágenes del inmueble mostraban instalaciones de dimensiones reducidas para la atención hospitalaria.
En 2018, Ignacio Alvízar designó como gerente del hospital a Jane Jessica Espinoza Agis, quien posteriormente se convirtió en su esposa y lo acompañó durante su paso por la Secretaría de Educación Pública estatal, primero como subsecretario y después como titular de la dependencia durante la administración de Antonio Gali Fayad.
Su trayectoria política también estuvo marcada por investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades administrativas. En 2022, el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta informó públicamente que el exfuncionario era considerado prófugo, aunque desde entonces no existe registro de actividad pública relacionada con él.
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La investigación sigue abierta
El fallecimiento de Victoria mantiene bajo investigación a las autoridades competentes. De acuerdo con la versión de sus familiares, la menor ingresó para un procedimiento médico considerado menor y, horas después, recibieron la noticia de su fallecimiento sin que, hasta ese momento, les explicaran con claridad las complicaciones que derivaron en el desenlace.
Mientras tanto, familiares y ciudadanos han cuestionado que, pese a la clausura parcial de áreas como quirófanos, sala de partos y hospitalización, personal de la clínica continuara realizando actividades.
Las autoridades serán las encargadas de determinar si existieron responsabilidades médicas, administrativas o legales en este caso. Para la familia de Victoria, más allá de los antecedentes del inmueble, la principal exigencia sigue siendo la misma: conocer qué ocurrió dentro del quirófano y garantizar que una tragedia similar no vuelva a repetirse.
La confianza en un hospital se construye con transparencia, cumplimiento de la ley y certeza para los pacientes. Cuando una vida se pierde en circunstancias que aún no encuentran respuesta, la investigación deja de ser un trámite y se convierte en una obligación con la sociedad.
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