Puebla, México.
En la colonia Aquiles Serdán, un consultorio médico dejó de ser un espacio de atención y esperanza para convertirse en el escenario de una agresión atroz.
La doctora Jenny de Jesús Ayala, una profesional reconocida por su servicio a la comunidad, fue víctima de un violento ataque por al menos siete hombres y una mujer que irrumpieron para robarle.
El asalto no se limitó a arrebatarle objetos de valor: la golpearon con tal brutalidad que sufrió fracturas de costillas e inflamación en el riñón izquierdo.
Con el dolor físico y emocional a cuestas, la doctora apenas podía moverse… y ahí comenzó otra pesadilla.
El segundo golpe: la burocracia
Como si las lesiones no fueran suficientes, la Fiscalía General del Estado de Puebla la citó para presentar su denuncia de forma presencial.
La petición, fría y sin consideración, obligaba a una mujer gravemente herida a trasladarse a sus oficinas para formalizar el proceso, a pesar de que la ley contempla la posibilidad de levantar declaraciones desde el hospital o a través de una unidad móvil.
La doctora pidió lo que debería ser un protocolo básico: que una unidad ministerial acudiera a su domicilio para que pudiera rendir su declaración y así agilizar la investigación para ubicar a los agresores. Hasta ahora, la respuesta oficial ha sido silencio.
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Un caso que refleja la fragilidad del sistema
La historia de la doctora Ayala no es solo un caso policial más. Es un retrato de la vulnerabilidad que enfrentan ciudadanos —incluso profesionales que dedican su vida a salvar otras— ante la violencia y la indiferencia institucional.
En un país donde los delitos contra mujeres y las agresiones a personal médico son cada vez más frecuentes, este hecho obliga a reflexionar: ¿cuántas denuncias se quedan en el aire porque las víctimas no pueden acudir a rendirlas? ¿Cuántos agresores siguen libres por una traba burocrática?
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