Una habitante de Venustiano Carranza denunció públicamente a Jorge Luis Magaña Cuervo, agente de la Policía de Investigación adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, por presunta extorsión, abuso de autoridad y amenazas.
La víctima, Ivone, aseguró que el funcionario le exigía medio millón de pesos para “limpiar” investigaciones fabricadas; de lo contrario, amenazó con despojarla de su rancho y propiedades familiares.
🔎 Así operaba, según la denuncia
- Carpetas inventadas: El agente le aseguró tener una investigación por “acopio y distribución de armas de uso exclusivo del Ejército” y narcomenudeo vinculadas al Rancho Casa Blanca.
- Cita intimidatoria: Fue convocada a la oficina regional conocida como “La Uno”, donde le “ofreció” modificar el expediente a cambio de $500,000 en efectivo.
- Amenaza directa: Ante la negativa, advirtió que usaría su cargo para quitarle bienes a ella y a su familia.
- Patrón reiterado: La víctima afirmó que el mismo esquema ya habría sido aplicado a conductores de pipas de gas en la región.
🚨 De la extorsión al intento de “levantón”
La noche del martes 10 de febrero, el caso escaló. Ivone relató que un vehículo los siguió y, al detenerse cerca de una tienda Elektra en la junta auxiliar de Lázaro Cárdenas, identificaron al conductor como el mismo agente.
Usando códigos policiales, cortó cartucho e intentó bajarla por la fuerza. La intervención telefónica de abogados y la negativa a descender evitaron que el hecho derivara en privación ilegal de la libertad.
⚖️ Acciones legales y exigencias
- Denuncia formal presentada ante la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos.
- La víctima responsabilizó directamente a la FGE por cualquier daño a su integridad o la de su familia.
- Exigió investigación real y sanción, sin encubrimientos.
“Se dice intocable y presume tener a todas las autoridades a su disposición. Basta de servidores públicos que intimidan y piden dinero usando el nombre de la Fiscalía”, sentenció Ivone.
🧠 Contexto
El caso vuelve a poner bajo la lupa prácticas de corrupción dentro de corporaciones de procuración de justicia y la urgencia de controles internos efectivos para proteger a las víctimas y castigar a los responsables.
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