Desde hace aproximadamente 20 días, un joven de 25 años se encuentra intubado y en estado crítico en el Hospital General del Sur, luego de recibir lo que su familia califica como una golpiza dentro del penal de San Miguel, en Puebla. Su padre asegura que se trata de una detención injusta y que su hijo, José Alejandro N., no cometió los delitos que se le imputan.
El joven fue detenido el 13 de noviembre de 2025 en el Infonavit Xilotzingo, mientras acompañaba a su novia tras un incidente que involucraba al hijo de ella, un menor de 15 años. José Alejandro fue acusado de usurpación de funciones y portación de arma de fuego, al vincularlo con dos sujetos en un vehículo donde presuntamente se encontraron insignias policiales y armas.
Highlights del caso
- Nombre del afectado: José Alejandro N., 25 años
- Lugar de detención: Infonavit Xilotzingo, Puebla
- Traslado: Penal de San Miguel
- Lesiones: Daño renal, pulmonar y fracturas costales; intubado
- Motivo de detención: Usurpación de funciones y portación de arma de fuego
- Investigación: Fiscalía General del Estado (FGE) y queja ante la Comisión de Derechos Humanos
- Situación legal: Padre pide prisión domiciliaria debido a gravedad de las lesiones
Según José Efrén N., padre de la víctima, su hijo fue golpeado por custodios e internos, aunque las autoridades del penal aseguraron que los reclusos no sufren abusos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP). La SSP señaló además que algunas agresiones pueden derivar de conflictos internos entre internos con adicciones o problemas emocionales.
La familia denuncia omisiones y negligencia de las autoridades penitenciarias, ya que el diagnóstico médico sugiere que las lesiones tenían al menos 10 días de antigüedad antes de que se informara oficialmente de su estado. La madre de José Alejandro recibió la noticia de su ingreso al hospital solo después de que su salud se deteriorara.
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Reflexión
Casos como el de José Alejandro evidencian la fragilidad de los derechos dentro de los penales y la necesidad de un seguimiento constante de las autoridades y organismos de derechos humanos. La justicia no solo debe ser expedita, sino también humana; cuidar de la vida y la integridad de quienes están privados de la libertad es un imperativo social.
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