En Puebla, la justicia parece tener precio, y no precisamente en los tribunales. Según múltiples denuncias ciudadanas, agentes de la Fiscalía General del Estado estarían solicitando entre 5 y 10 mil pesos para liberar vehículos asegurados en los corralones de la propia dependencia.
Entre los señalados destaca el nombre de Miguel Ángel Pérez Lugo, Jefe de la Oficina del Fiscal General, a quien los denunciantes acusan de operar bajo una mecánica simple pero contundente: “Si no hay dinero, no hay carro”.
“Nos dijo que juntáramos lo que pudiéramos, que si no nos alcanzaba, lo dejáramos barato, pero sin dinero no nos entregaban el vehículo”, relatan los afectados.
Un funcionario con buen sueldo… y peores acusaciones
De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, Pérez Lugo percibe un salario neto de más de 63 mil pesos mensuales, una cifra que debería garantizarle vivir sin sobresaltos económicos. Sin embargo, las denuncias apuntan a un esquema interno de extorsión que, según los testimonios, ya se ha normalizado en los pasillos de la institución.
Antes de ocupar su actual cargo, Pérez Lugo trabajó durante cinco años como directivo en la Universidad Autónoma del Estado de México, institución que dejó en enero de este año para incorporarse a la Fiscalía poblana. También fue parte del Congreso del Estado de México, en la delegación regional del Valle de México, con sede en Naucalpan.
Su trayectoria, que debería inspirar confianza, hoy se ve empañada por los señalamientos de ciudadanos cansados de pagar la “cuota de rescate” de sus propios bienes.
La justicia cuesta… y cada vez más caro
El caso de Puebla no es aislado. En varios estados del país, los corralones y dependencias de seguridad pública se han convertido en “cajas chicas” donde el ciudadano debe negociar para recuperar lo que por ley le pertenece.
La falta de transparencia y la impunidad convierten a estas prácticas en una segunda forma de castigo, más dura y costosa que la infracción misma.
💬 En un país donde la corrupción se disfraza de trámite, el abuso de autoridad se vuelve cotidiano.
¿Cuántas veces más tendrá que pagar el ciudadano para recibir justicia?
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