Era martes 14 de octubre, exactamente a las 14:23 horas, cuando agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) irrumpieron en un domicilio ubicado en San Gabriel No. 2965, colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, Jalisco.
El operativo no era uno más: ahí, en el epicentro de la red urbana tapatía, fue detenido Nazario Ramírez Ramírez, señalado por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el decomiso ni la magnitud del operativo, sino la presencia inesperada de una funcionaria del gobierno de Puebla: Anallely López Hernández, delegada de la Secretaría del Bienestar en la región 08 con cabecera en Libres.
El operativo y la sorpresa
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDCS-JAL/000000975/2025, los agentes federales aseguraron dos armas cortas, diez cargadores, 186 cartuchos útiles, además de un kilogramo y 170 dosis de metanfetamina, cinco vehículos (uno de ellos blindado) y varios teléfonos celulares.
Durante el operativo —que se extendió por más de dos horas— fueron detenidos Nazario Ramírez Ramírez, Jorge Octavio y Juan Martín, mientras que cinco mujeres y una bebé fueron instruidas a retirarse una vez que el inmueble quedó asegurado.
Entre ellas se encontraba Anallely López Hernández, quien a esa misma hora debía encontrarse en la región de Libres, donde tiene a su cargo diversos programas de apoyo social del gobierno federal.
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¿Qué hacía una funcionaria poblana en un cateo federal en Jalisco?
La pregunta que ronda desde que el dato salió a la luz es inevitable.
Fuentes consultadas confirmaron que López Hernández también fue regidora en Libres, además de ser propietaria de una tienda de ropa en un edificio de cinco pisos en el centro del municipio, lo que le da una presencia conocida en la región.
Hasta ahora, no hay una acusación formal en su contra, pero su nombre aparece en el parte de la FGR como una de las personas presentes durante el cateo en el que se detuvo al presunto operador del CJNG.
El hallazgo ha generado cuestionamientos en torno a la supervisión, transparencia y control interno de los servidores públicos, especialmente aquellos ligados a programas federales de asistencia.
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