Ulises Fernando N. habría utilizado su cargo en el Ministerio Público para amenazar a dos mujeres, promocionarlas en plataformas digitales y grupos de WhatsApp, y quedarse con la mitad de sus ganancias. Un juez le impuso prisión preventiva.
La investigación apunta a un presunto abuso de poder que habría ocurrido detrás de una pantalla y en dos viviendas de Cancún. Un exagente del Ministerio Público de Quintana Roo fue detenido, acusado de trata de personas, luego de que las autoridades lo señalaran por presuntamente amenazar y explotar sexualmente a dos jóvenes.
El investigado, identificado como Ulises Fernando N., habría aprovechado su posición dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) para mantener bajo amenazas a dos mujeres de 18 y 25 años, obligarlas a ofrecer servicios sexuales y obtener parte de las ganancias.
Once grupos de WhatsApp bajo investigación
De acuerdo con las indagatorias, el exfuncionario presuntamente promocionaba a las jóvenes mediante plataformas digitales y al menos 11 grupos de WhatsApp. Los encuentros se habrían concretado en dos inmuebles de Cancún.
La investigación también señala que el acusado supuestamente se quedaba con 50 por ciento de las ganancias y les imponía multas económicas cuando se negaban a prestar los servicios sexuales.
Las acusaciones deberán acreditarse durante el proceso judicial. Por ahora, el caso pone bajo la lupa el posible uso de un cargo público para someter a personas en situación de vulnerabilidad.
Cateos en dos viviendas de Cancún
El pasado 2 de octubre, agentes de investigación realizaron cateos en dos domicilios ubicados en las supermanzanas 23 y 520 de Cancún. Durante las diligencias, las autoridades rescataron a las dos jóvenes y localizaron indicios relacionados con la investigación.
Los operativos permitieron reunir elementos para avanzar en el caso contra el exagente del Ministerio Público, señalado por presuntamente utilizar su posición institucional para amenazar y explotar a las mujeres.
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Prisión preventiva mientras continúa el proceso
Tras su detención mediante una orden de aprehensión ejecutada por agentes de la Policía de Investigación, Ulises Fernando N. fue puesto a disposición de un juez de control.
La autoridad judicial determinó imponerle prisión preventiva como medida cautelar mientras avanza el procedimiento por el presunto delito de trata de personas. Esta medida no equivale a una sentencia condenatoria: la responsabilidad penal deberá determinarse conforme avance el proceso.
El caso deja una pregunta que rebasa los límites de una investigación penal: ¿qué ocurre cuando alguien que debe procurar justicia es señalado por utilizar su cargo para cometer presuntos abusos? La respuesta exige investigaciones sólidas, protección para las víctimas y rendición de cuentas, sin dar por probadas acusaciones antes de que lo determine un tribunal.
Escrito por Redacción Puebla En Línea
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