El eco de los disparos del pasado 21 de octubre todavía retumba entre los pasillos del Centro Comercial Jorge Murad Macluf, mejor conocido por los poblanos como La Fayuca, un lugar donde por décadas se ha mezclado el comercio popular, la supervivencia y, últimamente, la sospecha.
Tras el asesinato de un hombre a las afueras del recinto, el comité administrativo rompió el silencio.
Su mensaje fue claro:
“En La Fayuca no hay cobro de piso ni se vende droga”.
🗣️ “Era un indigente al que ayudamos”
En conferencia de prensa, Francisco Hernández, secretario del Interior del comité, explicó que la víctima no era comerciante ni delincuente, sino un indigente al que los locatarios habían rescatado.
“Lo ayudamos a incorporarse, le dimos ropa y lo contratamos como vigilante para cuidar los accesos”, detalló.
“Incluso después de su muerte, apoyamos económicamente a su familia.”
La declaración buscó desmontar la narrativa que apuntaba a una presunta ejecución relacionada con el crimen organizado.
Hernández también agradeció la rápida movilización policiaca, que permitió la detención de dos implicados en el ataque.
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🚫 “No hay narcomenudeo ni cobro de piso”
El secretario negó tajantemente la existencia de un “picadero” o punto de venta de drogas dentro del mercado, versión que circuló tras las diligencias de las autoridades.
Sin embargo, la respuesta del gobierno municipal encendió nuevamente el debate.
El titular de la Secretaría General de Gobierno del municipio de Puebla, Franco Rodríguez Álvarez, confirmó que La Fayuca sí tiene denuncias por presunto narcomenudeo.
“El gobierno mantiene operativos constantes en mercados y plazas para detectar venta irregular de alcohol, pirotecnia o estupefacientes”, explicó.
“Nosotros intervenimos hasta donde lo permiten nuestras facultades; las investigaciones están en manos de la FGE.”
Una frase que, aunque diplomática, deja ver la línea delgada entre la economía informal y la infiltración de actividades ilícitas en espacios populares.
🧩 El espejo de una realidad incómoda
La Fayuca, emblema del comercio alternativo en Puebla, se ha convertido también en un termómetro de la inseguridad urbana.
Los locatarios defienden su espacio con dignidad; las autoridades, con estadísticas; y los ciudadanos, con la sospecha de siempre: ¿quién manda realmente en los mercados populares?
El caso del vigilante asesinado —un hombre que intentó recomponer su vida en medio del caos— expone una verdad más profunda: la violencia no distingue entre víctima y victimario cuando el Estado llega tarde.
Mientras las versiones oficiales se cruzan, los pasillos de La Fayuca siguen llenos, los negocios abren y los rumores circulan más rápido que las aclaraciones.
Quizá por eso, más que un comunicado, lo que Puebla necesita es una mirada honesta a los espacios donde la informalidad es más humana que criminal, y donde la línea entre sobrevivir y delinquir se vuelve difusa.
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