En el penal de San Miguel, Puebla, los muros no detienen el poder, solo lo transforman. Entre los pasillos, donde el eco de los candados suena como reloj de otro mundo, surgió un nuevo nombre que se repite en voz baja: Marco N., el hombre que —según fuentes policiales y familiares de internos— ha convertido su encierro en un negocio redondo.
💰 El nuevo “concesionario” del penal
De acuerdo con las versiones obtenidas, Marco N. fue ingresado por delitos contra la salud, robo a negocio y robo de hidrocarburos. Pero hoy su poder no proviene de los delitos que lo llevaron ahí, sino de los que se cometen dentro del penal.
Fuentes cercanas aseguran que el interno cobra cuotas por todo: desde las visitas íntimas —aproximadamente 350 pesos por semana o por encuentro— hasta la renta de celulares. Además, impone “pisos” que oscilan entre 5 mil y 10 mil pesos, y extiende su influencia al taller de carpintería, donde también se exige dinero para el ingreso de materiales.
Quienes no pagan, cuentan familiares y otros reclusos, sufren golpizas como “recordatorio” de quién manda realmente.
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Un reflejo del sistema penitenciario
El caso de Marco N. no es una excepción, sino un espejo. Las cárceles mexicanas —que deberían ser espacios de reinserción— se han convertido, en muchos casos, en territorios donde el poder y la corrupción se adaptan para sobrevivir.
Mientras las autoridades aseguran mantener el control, la realidad dentro de San Miguel parece contradecir los discursos oficiales: el crimen se organiza incluso tras las rejas, y los internos honestos o vulnerables terminan siendo las primeras víctimas de esta economía paralela.
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