La condena quedó firme tras la resolución unánime de un tribunal de alzada. Los hechos ocurrieron en 2008, pero la víctima denunció cuando llegó a la edad adulta, luego de haber sido amenazada para guardar silencio.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó que quedó ejecutoriada la sentencia de 12 años de prisión contra Bruno Francisco N. por el delito de violación equiparada contra una menor de edad. La resolución también contempla una multa y el pago de la reparación del daño.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la agresión ocurrió el 9 de septiembre de 2008, en la colonia El Chamizal, en la ciudad de Puebla. La niña, entonces de ocho años, acudió al domicilio de su tío político para recoger útiles escolares.
Según la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía, el hombre cerró el acceso, la llevó con engaños a una habitación apartada y utilizó una tela impregnada con solvente para someterla sexualmente.
Después, la amenazó con hacerle daño a su hermana si contaba lo sucedido. La menor guardó silencio durante años y fue hasta su adultez cuando acudió ante el Ministerio Público para denunciar.
La denuncia llegó años después, pero permitió llevar el caso ante la justicia. La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres integró la investigación con perspectiva de género y de infancia.
Durante el proceso se presentaron el testimonio de la víctima y dictámenes de medicina legal, psicología, criminología y trabajo social, pruebas que, de acuerdo con la FGE, respaldaron la acusación.
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Al revisar la apelación, el Segundo Tribunal de Alzada Colegiado en Materia Penal confirmó por unanimidad la condena, por lo que la sentencia quedó firme y ya no está sujeta a una nueva modificación por esa vía ordinaria.
Además de los 12 años de cárcel, la resolución establece una multa equivalente a 255 días de salario mínimo vigente al momento de los hechos, la suspensión de sus derechos civiles y políticos, la negativa al beneficio de conmutación de sanciones y la reparación del daño moral y material.
El caso recuerda que las amenazas pueden prolongar el silencio de una víctima durante años. Que una denuncia llegue en la adultez no borra lo ocurrido ni impide que los hechos sean investigados y juzgados con las pruebas correspondientes.
Escrito por Redacción Puebla En Línea
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