La adolescente tenía 14 años cuando fue privada de su libertad y llevada a una cueva en Limontitla, donde permaneció cautiva durante varios días. La sentencia quedó firme tras ser confirmada en segunda instancia.
Una visita para llevar alimentos terminó convirtiéndose en una pesadilla que se prolongó durante tres días. Una adolescente de 14 años fue privada de su libertad, trasladada a una cueva y sometida a violencia sexual en el municipio de Quimixtlán, Puebla.
Por estos hechos, José Pedro N. recibió una condena definitiva de 50 años de prisión, luego de que el tribunal de apelación confirmara su responsabilidad en el delito de secuestro agravado.
Los hechos ocurrieron la tarde del 22 de abril de 2024, en la localidad de Limontitla. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), la menor acudió al domicilio del ahora sentenciado para entregarle alimentos.
Sin embargo, el hombre presuntamente utilizó fuerza física y la intimidó con un arma de fuego para introducirla en su vivienda. Posteriormente, la trasladó a una cueva de la zona, donde la mantuvo privada de su libertad e impidió que pudiera salir.
Durante el cautiverio, la adolescente también fue víctima de violencia sexual.
La búsqueda terminó el 25 de abril de 2024. Familiares y vecinos participaron en las labores para encontrarla, hasta que fue localizada en la entrada de la cavidad donde permanecía retenida.
El hallazgo permitió rescatar a la menor y poner al agresor a disposición de las autoridades.
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La Fiscalía de Puebla presentó ante el Tribunal de Enjuiciamiento pruebas periciales en medicina forense, criminalística, inspecciones de campo y valoraciones psicológicas realizadas con perspectiva de infancia y género.
El proceso jurídico continuó hasta llegar al recurso de apelación. Finalmente, el Tercer Tribunal de Alzada Colegiado en Materia Penal confirmó la responsabilidad penal de José Pedro N., por lo que la sentencia condenatoria causó ejecutoria y ya no puede modificarse mediante ese recurso ordinario.
Las sanciones que deberá cumplir son:
- 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado.
- Multa de 108 mil 570 pesos.
- Pago por concepto de reparación del daño moral y material.
- Suspensión de sus derechos civiles y políticos.
- Amonestación privada.
- Sin posibilidad de obtener beneficios de conmutación de la pena.
El caso deja una historia marcada por la violencia contra una menor de edad, pero también por la búsqueda emprendida por familiares y vecinos que no dejaron de buscarla.
La justicia llega a través de sentencias, pero la protección de niñas y adolescentes exige algo más: comunidades que escuchen, instituciones que respondan y autoridades que actúen antes de que una desaparición se convierta en una tragedia.
Escrito por Redacción Puebla En Línea
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