Hay protestas callejeras que aparentan ser reclamos ciudadanos espontáneos, pero detrás de cuya logística milimétrica se esconden intereses criminales y dinero ilícito para paralizar una ciudad. Cuando las autoridades desmantelan la narrativa de una supuesta manifestación social y exhiben el financiamiento delictivo detrás del caos vial, se da un paso firme hacia el Estado de derecho.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, el vicealmirante Francisco Sánchez González, confirmó que la agrupación delictiva conocida como “Los Toscano” se encuentra bajo investigación oficial por su presunta participación en la organización, logística y financiamiento de los bloqueos simultáneos que paralizaron ocho puntos de Puebla y su zona metropolitana el pasado 10 de noviembre, operativo en el que se habrían desembolsado alrededor de 280 mil pesos para movilizar a unas 700 personas.
Puntos clave de la información:
- Línea de investigación confirmada: El secretario Francisco Sánchez González reconoció que “Los Toscano” son investigados en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) como presuntos responsables de orquestar las manifestaciones del 10 de noviembre bajo el pretexto de denunciar extorsiones en el penal de San Miguel.
- Financiamiento de 280 mil pesos: Según los datos recabados por inteligencia policial, alrededor de 700 participantes fueron reclutados vía redes sociales y recibieron un pago de 400 pesos por tres horas de bloqueo, lo que representa un gasto aproximado de 280 mil pesos.
- Logística estructurada: Las autoridades cuentan con evidencia de que los manifestantes fueron trasladados en autobuses y camionetas, y que todas las cartulinas de protesta ya estaban elaboradas previamente y fueron repartidas desde un solo vehículo.
- Disputa penitenciaria de fondo: De acuerdo con informes previos, un abogado identificado como Pablo Samuel M. F. —presuntamente vinculado a “Los Toscano”— habría operado las movilizaciones para presionar al interior del penal de San Miguel en medio de una pugna contra La Familia Michoacana por el control de actividades ilícitas.
- Carpeta de investigación en la FGE: La fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, confirmó el inicio de una investigación de oficio por delitos como ataques a las vías de comunicación y a la seguridad de los medios de transporte, aun sin denuncia formal.
Cuestionado directamente sobre la intervención de esta célula criminal en los cierres viales ocurridos el pasado 10 de noviembre, el titular de la SSP admitió que la dependencia tiene conocimiento de dicha línea y recaba pruebas sólidas junto con la Fiscalía para acreditar quién convocó, trasladó y pagó a los manifestantes. “Esta agrupación que tú mencionas es una organización bastante fuerte, local, muy bien organizada y, obviamente, que tienen una importante base social”, reconoció el vicealmirante al subrayar que los familiares de personas privadas de la libertad no habrían tenido la capacidad logística ni económica para desplegar una movilización simultánea de esa magnitud.
Sánchez González detalló que la investigación documentó cómo los participantes fueron convocados mediante redes sociales, movilizados en diversos autobuses y camionetas, y abastecidos con pancartas prefabricadas que descendieron de una misma unidad, recibiendo cada asistente 400 pesos por permanecer tres horas bloqueando vialidades. Esta versión coincide con los señalamientos que apuntan a Pablo Samuel M. F., abogado presuntamente ligado a “Los Toscano”, como operador financiero de las protestas utilizadas para generar presión interna en el Centro Penitenciario de San Miguel frente a una disputa con La Familia Michoacana.
En paralelo, la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que la FGE abrió de oficio una carpeta de investigación por los hechos del 10 de noviembre, destacando que aunque no existió una querella formal, la institución tiene la obligación legal de perseguir posibles delitos como el ataque a las vías de comunicación y a la seguridad de los medios de transporte, por lo que ya se realizan diligencias para identificar a los responsables materiales e intelectuales y fincar responsabilidades penales.
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Utilizar el reclamo legítimo de las familias de internos como fachada para encubrir intereses criminales y pagar 280 mil pesos por paralizar ocho puntos de Puebla demuestra el nivel de manipulación con el que operan grupos como “Los Toscano”. Que tanto la SSP como la Fiscalía General del Estado avancen de oficio en las investigaciones es indispensable para castigar no solo el ataque a las vías de comunicación, sino a quienes pretenden desestabilizar la paz pública desde el crimen organizado.
Escrito por Redacción Puebla En Línea
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