El caso del empresario Javier Millán, conocido por ser propietario de los centros nocturnos “Mamitas” y “40 Grados”, vuelve a encender el debate sobre el actuar de las autoridades ministeriales en Puebla. Aunque el empresario recuperó su libertad tras ser detenido hace un mes en la Vía Atlixcáyotl, el proceso judicial dio un giro inesperado: un Juez ordenó investigar a los tres agentes del Ministerio Público que llevaron a cabo su aprehensión.
De acuerdo con la resolución judicial, los agentes Leydi Vianey, Lorena Sayuri y Rigoberto Baruch, adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Recursos de Procedencia Ilícita, habrían incurrido en irregularidades procesales durante la captura de Millán y sus socios Alejandro y Jonathan, ocurrida el pasado 9 de octubre en el fraccionamiento La Vista.
El juez calificó la detención como “no legal”, instruyendo a la fiscal del Estado, Idamis Pastor Betancourt, así como al Congreso local, a mantener vigilancia permanente sobre la investigación y rendir un informe en un plazo de 10 días.
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nimiento nocturno en Puebla y Tlaxcala, sino también a la credibilidad de los procedimientos ministeriales en la entidad.
El expediente no solo pone en el centro del debate la actuación de los agentes del Ministerio Público, sino también la confianza de la sociedad en la justicia, en un contexto donde la legalidad y la transparencia son pilares cada vez más cuestionados.
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