Doce años después de que comenzara una investigación por un caso de secuestro, una diligencia judicial terminó donde nadie lo esperaba. La empresaria Francesca Marilisa Solimán Minutti, propietaria de la cadena de cafeterías Topolino, fue detenida en Atlixco y ahora enfrentará un proceso penal por un delito que permanecía pendiente desde 2014.
De acuerdo con fuentes ministeriales, la captura no derivó de un operativo especial, sino de una coincidencia: la mujer acudió a un juzgado para una audiencia relacionada con un juicio por pensión alimenticia, donde agentes de la Fiscalía cumplimentaron la orden de aprehensión que seguía vigente en su contra.
Lo más importante
- Detenida: Francesca Marilisa Solimán Minutti.
- Lugar de la captura: Atlixco, Puebla.
- Delito que se investiga: Presunto secuestro ocurrido en 2014.
- Víctima: Su expareja sentimental, identificada como Javier C.
Según las investigaciones, los hechos ocurrieron el 20 de febrero de 2014, cuando presuntamente la empresaria y varios cómplices privaron de la libertad a Javier C. Posteriormente, habrían exigido cinco millones de pesos como rescate para liberarlo.
Una investigación que permaneció abierta durante más de una década
Las indagatorias permitieron que la entonces Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto (DGADI) desarticulara la presunta célula delictiva. En ese operativo fueron detenidos Milton Morris, Marco Vinicio Gómez, Alejandro Adame Negrete, Ángel Flores Chávez y la propia Francesca Solimán.
Los puntos clave del caso
- El secuestro ocurrió en febrero de 2014.
- La Fiscalía la identifica como presunta líder del grupo.
- Los otros cuatro implicados fueron sentenciados y permanecen en el penal de San Miguel.
- La orden de captura contra Solimán seguía vigente hasta su detención.
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¿Por qué permaneció libre durante tantos años?
De acuerdo con la información disponible, Francesca Solimán recuperó su libertad poco tiempo después de su primera detención. Desde entonces, el caso estuvo rodeado de cuestionamientos por presuntas irregularidades y un aparente uso de influencias, ya que, pese a existir una orden de aprehensión, permaneció en la región sin ser detenida.
Fuentes consultadas señalaron que su aseguramiento finalmente ocurrió cuando acudió voluntariamente a una audiencia judicial por un asunto familiar, momento en el que agentes ministeriales ejecutaron el mandato judicial.
Además de ser empresaria, Solimán fue regidora suplente del Ayuntamiento de San Gregorio Atzompa.
Seguirá el proceso en prisión
Tras su captura, un juez le dictó auto de formal prisión, por lo que continuará enfrentando el proceso conforme al sistema de justicia vigente cuando ocurrieron los hechos.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad de las instituciones para ejecutar órdenes de aprehensión pendientes durante años y plantea interrogantes sobre las circunstancias que permitieron que una investigación de alto impacto permaneciera inconclusa por más de una década. En materia de justicia, el tiempo no siempre cierra los expedientes; a veces solo retrasa las respuestas.
Escrito por Redacción Puebla En Línea
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