La investigación por el mayor aseguramiento de un narcolaboratorio en la historia reciente de Puebla comenzó a alcanzar a funcionarios municipales. Tres directores de Seguridad Pública fueron detenidos y un cuarto permanece prófugo, señalados por presuntamente haber protegido la operación de una organización criminal en la Sierra Norte del estado.
Las órdenes de aprehensión fueron libradas por el Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, luego de que la Fiscalía General del Estado presentara diversos testimonios y pruebas que apuntan a una presunta red de protección institucional para permitir el funcionamiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.
📍 Región: Sierra Norte de Puebla.
👮 Detenidos: Tres directores de Seguridad Pública municipal.
🚨 Prófugo: Andy Castillo Rodríguez, director de Seguridad Pública de San Felipe Tepatlán.
⚖️ Delitos investigados: Encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.
Los señalan de proteger a un grupo criminal
De acuerdo con la carpeta judicial 81/2026/Huauchinango, la madrugada del 7 de julio fueron liberadas órdenes de aprehensión contra Ángel Miguel Garrido, director de Seguridad Pública de Tlaola; Evencio Rosas Luna, titular de Seguridad Pública de Tlapacoya; Manuel Martínez González y/o Manuel González Martínez, director de Seguridad Pública de Jopala; así como Andy Castillo Rodríguez, jefe policial de San Felipe Tepatlán.
Sin embargo, únicamente tres de los mandos fueron capturados. Hasta el cierre de esta edición, Andy Castillo Rodríguez no había sido localizado por las autoridades y continúa prófugo.
La investigación sostiene que los funcionarios habrían utilizado sus cargos para favorecer las actividades de una organización delictiva que operaba en la región, permitiendo el tránsito de sus integrantes y omitiendo actuar ante actividades relacionadas con la fabricación de drogas sintéticas.
- Tres mandos policiacos fueron detenidos y uno permanece prófugo.
- La investigación deriva del aseguramiento de un narcolaboratorio en la Sierra Norte.
- La Fiscalía los acusa de encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.
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Testigos revelan presuntas órdenes para no intervenir
Según la carpeta de investigación FGEP/CDI/CGI/CGI-1/000035/2026, los hechos ocurrieron entre abril y mayo de este año.
Testimonios integrados en la investigación señalan que los mandos municipales presuntamente instruían a sus elementos para no intervenir ante actividades del grupo criminal. Entre las expresiones atribuidas a los directores aparecen frases como “hacerse pendejos”, “permitir el paso” y “mantener limpias las carreteras”, con el fin de evitar acciones contra la organización.
Uno de los testimonios refiere que el 16 de mayo se realizó una reunión entre los mandos, donde habrían acordado facilitar el tránsito de integrantes del grupo delictivo y evitar cualquier intervención policial.
Otro elemento de prueba señala que policías municipales detuvieron una camioneta que transportaba sustancias químicas utilizadas para elaborar drogas sintéticas; sin embargo, tras consultar con su superior, recibieron la instrucción de dejarla continuar para evitar problemas.
El caso está ligado al histórico aseguramiento del narcolaboratorio
Las investigaciones se fortalecieron después del operativo realizado el 14 de junio, cuando elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal aseguraron un narcolaboratorio ubicado entre los municipios de Tlapacoya y Jopala.
En ese sitio fueron decomisados 360 kilogramos de metanfetamina, 25 mil 300 litros de sustancias químicas, además de cinco reactores de síntesis orgánica, ocho condensadores, cuatro destiladores y decenas de tanques de gas LP utilizados para la producción de drogas sintéticas.
Las autoridades federales estimaron que el golpe económico para la delincuencia organizada supera los 2 mil 367 millones de pesos, considerado uno de los más importantes registrados en Puebla.
Jueza encontró elementos para iniciar el proceso penal
Tras analizar entrevistas, inspecciones ministeriales y documentación incorporada por la Fiscalía, la jueza determinó que existían elementos suficientes para establecer la probable participación de los cuatro mandos policiacos en los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.
Aunque la resolución precisa que algunos datos deberán fortalecerse durante el proceso penal, concluyó que existen fundamentos jurídicos para mantener vigentes las órdenes de aprehensión y continuar con la investigación.
Los tres detenidos deberán ser presentados ante el Centro de Justicia de Huauchinango, mientras continúan las labores para localizar al cuarto mando policiaco.
La posible infiltración del crimen organizado en corporaciones municipales representa uno de los mayores desafíos para las instituciones de seguridad. Más allá de las detenciones, el reto será demostrar en los tribunales la responsabilidad de los implicados y recuperar la confianza ciudadana en las autoridades encargadas de proteger a la población.
Escrito por Redacción Puebla En Línea
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