En Puebla, la estadística revela una herida silenciosa que crece entre expedientes judiciales y patrullas: el reclutamiento de adolescentes por parte del crimen organizado, aprovechando ventajas legales y vacíos del sistema de justicia para menores.
Datos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) confirman que entre 2020 y 2025 fueron detenidos 245 menores de edad por posesión de sustancias ilegales, principalmente marihuana, cocaína y metanfetamina. El grupo con mayor incidencia fue el de 14 a 17 años, una etapa marcada por la fragilidad social y la falta de oportunidades.
- 245 menores detenidos en cinco años por delitos relacionados con drogas.
- Solo 14 adolescentes fueron vinculados a proceso, es decir, 94.3% quedó fuera de juicio penal.
- 2022 fue el año con más detenciones, con 78 casos, seguido de 2020 (50) y 2021 (40).
- Las cantidades aseguradas van desde 1.16 gramos hasta casi un kilogramo de metanfetamina.
- Aunque en menor proporción, mujeres adolescentes también aparecen en las cifras.
A mitad del camino, cuando la estadística se convierte en rostro, la ley ofrece salidas alternas. Entre ellas, el criterio de oportunidad, mediante el cual la Fiscalía y el Ministerio Público permiten que el menor no pise la cárcel, a cambio de colaboración con información. Otra opción es el ingreso a centros de tratamiento por adicciones a drogas, alcohol o tabaco.
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Un académico de la Facultad de Derecho de la UPAEP advierte que estos beneficios jurídicos, pensados para la reinserción y protección de la infancia, son utilizados por organizaciones criminales para integrar a adolescentes en líneas de operación del narcotráfico, donde el riesgo penal es menor, pero el daño social es profundo.
El fenómeno no solo habla de delitos, sino de una generación expuesta. La justicia logra cerrar expedientes, pero la violencia abre otros. La pregunta ya no es cuántos menores son detenidos, sino cuántos están siendo empujados a un camino del que no siempre se regresa.
Redacción Puebla En Línea
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