Cuautlancingo, Puebla.— En un municipio donde la protección animal debería ser un acto de ética pública, ciudadanos y activistas han levantado la voz contra el actuar de la Dirección de Bienestar Animal de Cuautlancingo, encabezada por María Esther Martínez Gil, a quien acusan de prepotencia, trato hostil y decisiones administrativas que, lejos de salvar vidas, estarían conduciendo a la muerte de animales vulnerables.
Los testimonios, repetidos y coincidentes, dibujan un patrón inquietante: reportes atendidos con desdén, advertencias veladas y la constante amenaza de “dormir” a los animales, bajo el argumento de la falta de presupuesto y personal, sin que —afirman— se exploren rutas reales de rescate, atención médica, canalización o adopción responsable.
🔴 El caso que encendió la alarma
Uno de los episodios más delicados involucra a una ciudadana que denunció a un perro presuntamente víctima de maltrato. De acuerdo con su relato, la intervención oficial fue condicionada: debía alimentar y limpiar diariamente al animal, con la advertencia de que, si no se conseguía un hogar, sería sacrificado.
Tras hacer público el caso, la denunciante asegura que se le prohibió el acceso para volver a ver al canino. Hoy, su paradero es incierto, lo que ha generado indignación y dudas legítimas sobre el destino final del animal.
- 🐾 Acusaciones de trato grosero y amenazas en la atención de reportes ciudadanos.
- 🐾 Eutanasias justificadas por “falta de recursos”, sin alternativas documentadas.
- 🐾 Restricción de acceso a ciudadanos denunciantes, generando opacidad.
- 🐾 Exigencia de pruebas de adopción y seguimiento real.
- 🐾 Cuestionamientos al manejo presupuestal del área de Bienestar Animal.
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¿De verdad no hay recursos?
Activistas ponen en duda el argumento oficial. Datos públicos muestran que cuando existe voluntad institucional, los recursos aparecen:
- Municipios del país han destinado al menos el 0.1 % de su presupuesto anual al bienestar animal.
- En cifras reales, esto se traduce en millones de pesos y, en algunos casos, entre 10 y 20 millones para esterilización, atención veterinaria y rescate.
La conclusión ciudadana es contundente: si no hay recursos, es porque no se gestionan o no se quieren gestionar.
Un patrón que preocupa
Los denunciantes aseguran que no se trata de hechos aislados. Hablan de un patrón constante de prepotencia, amenazas y resoluciones administrativas que terminan en la muerte de animales, todo bajo el discurso de la “asistencia” institucional.
Hoy, la exigencia es clara: una investigación seria, rendición de cuentas y transparencia total sobre el destino de los animales atendidos por la Dirección de Bienestar Animal de Cuautlancingo.
La forma en que una sociedad trata a los animales habla de su nivel de civilidad. Normalizar la muerte por comodidad administrativa es renunciar a la empatía como política pública. En tiempos donde la ciudadanía exige gobiernos humanos y responsables, el silencio institucional también es una forma de violencia.
Texto: Redacción Puebla En Línea
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