Ciudad de México, México.– La televisora TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, perdió la protección legal que había frenado el cobro de una deuda de 580 millones de dólares con inversionistas internacionales, luego de que un tribunal federal anuló las medidas cautelares que la favorecían.
El Décimo Tribunal Colegiado en materia Civil de la Ciudad de México resolvió el pasado 22 de octubre un amparo promovido por The Bank of New York Mellon y su filial en Londres, determinando que la suspensión de obligaciones otorgada por un juez civil carecía de fundamento jurídico y era desproporcionada frente a la magnitud del adeudo.
El proyecto, elaborado por el magistrado Juan Jaime González Varas, fue aprobado por unanimidad, y en él se enfatiza que la suspensión de pagos concedida a la televisora fue ilegal y sin sustento técnico ni económico.
⚖️ Una deuda multimillonaria que persigue a la televisora
El conflicto se originó en mayo de 2022, cuando el banco estadounidense dio por vencido anticipadamente el contrato de emisión de bonos con TV Azteca, ante el incumplimiento de los pagos correspondientes.
La empresa mexicana respondió con una demanda mercantil, alegando que la pandemia de Covid-19 fue un caso fortuito que le impidió cumplir con sus compromisos financieros.
Sin embargo, el tribunal fue claro: la pandemia no constituye una justificación legal válida para incumplir obligaciones contractuales, citando una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2024, que cerró la puerta a ese tipo de argumentos.
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💼 Un fallo con repercusiones financieras y legales
La decisión judicial deja abierta la posibilidad de que las autoridades financieras mexicanas puedan ejecutar el cobro o incluso ordenar el embargo de activos de TV Azteca en territorio nacional.
El tribunal consideró que la garantía presentada —de poco más de un millón de pesos— resultaba ridículamente insuficiente frente al monto total de la deuda, equivalente a casi 10 mil millones de pesos mexicanos.
Durante su intervención, el magistrado González Varas recordó que las figuras de “apariencia del buen derecho” y “peligro en la demora” utilizadas para justificar la suspensión no aplican en materia mercantil, lo que debilitó aún más la defensa de la televisora.
💬 La ley no distingue entre gigantes y ciudadanos
Más allá del tamaño del corporativo o la influencia mediática, este caso recuerda que la justicia económica no puede estar al servicio del poder empresarial.
En un país donde miles de pequeñas empresas luchan por sobrevivir a la falta de pago o a la burocracia financiera, ver a una de las televisoras más grandes rendir cuentas ante la ley es un mensaje claro: la justicia también debe mirar hacia arriba.
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