El Senado de la República abrió un nuevo capítulo en la ya compleja transformación del Poder Judicial en México. Esta vez, con una decisión que no solo modifica el calendario político: lo empuja.
Con 87 votos a favor y 40 en contra, el Pleno aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que aplaza la elección del Poder Judicial de 2027 a 2028, una medida que, en el papel, busca dar tiempo. En la práctica, abre un nuevo frente de debate sobre independencia judicial, legitimidad y el rumbo institucional del país.
En un país donde las reformas suelen llegar con promesas de orden y terminar en disputas prolongadas, el Senado votó también 86 a favor y 40 en contra los artículos reservados, tras rechazar las 17 reservas presentadas por distintas bancadas.
El tiempo como argumento, la política como telón de fondo
La discusión no fue técnica. Fue política. Y de alto voltaje.
La senadora de Morena, Martha Lucía Micher Camarena, defendió el aplazamiento como una oportunidad para “fortalecer instituciones” y permitir una mayor participación ciudadana, además de perfeccionar el marco normativo del proceso judicial.
En contraste, el PAN, a través de Agustín Dorantes Lámbarri, cuestionó la reforma al señalar que refleja improvisación y la ausencia de filtros de integridad en el sistema de selección judicial, lo que —dijo— ha permitido la llegada de perfiles cuestionados.
Desde el PVEM, Rocío Corona Nakamura sostuvo una lectura opuesta: la reforma busca cerrar la puerta a “padrinazgos”, cuotas políticas y privilegios históricos dentro del Poder Judicial.
Por el PRI, Rolando Rodrigo Zapata Bello fue más duro: consideró que corregir una reforma aprobada hace menos de dos años es, en sí mismo, una confesión de fracaso del modelo original.
En la misma línea crítica, Lizeth Sánchez García (PT) defendió que el cambio abre el Poder Judicial a la ciudadanía y rompe con décadas de control elitista en la impartición de justicia.
Y desde Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas advirtió que reformar la Constitución de manera reiterada y sin consensos la convierte en un instrumento “desechable”, generando incertidumbre institucional y retrasos en la justicia cotidiana.
Highlights de la decisión en el Senado
- 87 votos a favor y 40 en contra en lo general; mayoría calificada alcanzada.
- Elección del Poder Judicial se aplaza de 2027 a 2028.
- 17 reservas presentadas por Morena, PAN, PRI y MC fueron rechazadas.
- El dictamen fue aprobado también en lo particular con 86 votos a favor y 40 en contra.
- La reforma fue enviada a los 31 Congresos estatales y al Congreso de la Ciudad de México para su análisis.
Un cambio que ahora viaja a los estados
Con la aprobación en el Senado de la República, el dictamen no se queda en San Lázaro legislativo. Ahora recorre el país legislativo: deberá ser discutido por los congresos locales, que tendrán la última palabra en una reforma que redefine tiempos, procesos y expectativas del sistema judicial mexicano.
En el fondo, el debate no es solo sobre una fecha. Es sobre la confianza en las instituciones, la forma en que se elige a quienes imparten justicia y el equilibrio entre reforma y estabilidad.
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Escrito por Redacción Puebla En Línea
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