La historia del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, buscado desde el 28 de octubre en Tultitlán, terminó por revelarse como una dolorosa radiografía de lo que ocurre cuando la vulnerabilidad humana se combina con la violencia cotidiana. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la vinculación a proceso de María Fernanda “N” y Brandon “N”, señalados por su probable participación en la desaparición y muerte del religioso.
🔎 Un encuentro acordado, una trampa calculada
Según la autoridad, el sacerdote contactó a Fátima “N” para contratar sus servicios sexuales.
Ambos llegaron primero a un hotel y después a un domicilio en la colonia Unidad Habitacional Morelos 3ª Sección, donde convivieron con Brandon “N” y su pareja, María Fernanda “N”.
- Se consumió alcohol y drogas, en un ambiente que pronto cambiaría de tono.
- Fátima “N” habría vertido gotas de un medicamento controlado en la bebida del sacerdote para dormirlo y robarlo.
- Pero el religioso despertó antes de lo previsto.
- Brandon “N”, para evitar que denunciara lo ocurrido, lo golpeó con un bate metálico, causándole lesiones mortales.
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🕯️ El encubrimiento: una escena escalofriante
Lo que siguió —según la investigación presentada ante el juez— retrata la crudeza de una violencia que se aprende, se normaliza y, finalmente, se ejecuta:
- El cuerpo del sacerdote fue colocado en bolsas de plástico.
- Luego oculto dentro de un sillón.
- Más tarde trasladado en la camioneta de la víctima hasta un canal de aguas negras en Nextlalpan, donde finalmente lo abandonaron.
- La camioneta fue vendida en Actopan, Hidalgo, por apenas 35 mil pesos.
El cadáver fue encontrado el 11 de noviembre, cerrando así una búsqueda que ya había conmocionado a la comunidad.
⚖️ Proceso legal en curso
Hasta ahora, la justicia avanza así:
- Vinculados a proceso: María Fernanda “N” y Brandon “N”.
- Detenida: Fátima “N”, en espera de su propia audiencia.
- Prófugo: un cuarto implicado aún no identificado.
- Medida cautelar: prisión preventiva justificada.
- Plazo judicial: tres meses para cerrar la investigación complementaria.
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