En Uruapan, la mañana de este viernes volvió a abrir la herida que dejó el asesinato del alcalde independiente Carlos Manzo Rodríguez. Siete de sus propios escoltas fueron detenidos por autoridades federales y estatales, en un giro que sacude la narrativa oficial y obliga a mirar más de cerca la fragilidad del poder local.
• Los escoltas fueron aprehendidos en oficinas municipales
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, los agentes federales y estatales capturaron a los siete guardaespaldas alrededor de las 12:30 horas, dentro de la Casa de la Cultura del ayuntamiento, espacio que Manzo había acondicionado como sede alterna de la Presidencia Municipal.
• Las órdenes de aprehensión están vinculadas al asesinato del alcalde
Las detenciones se ejecutaron con base en órdenes emitidas como parte de la investigación por el homicidio del edil, ocurrido el pasado 1 de noviembre. Los elementos de Marina, Ejército Mexicano y la propia Fiscalía trasladaron a los detenidos a las instalaciones centrales de la FGE en Morelia, donde permanecen bajo resguardo.
• El caso se complica: investigan muerte del joven presunto agresor
Las autoridades también analizan la participación de los escoltas en la muerte de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven de 17 años señalado como el atacante que disparó contra el alcalde. Aunque el adolescente fue desarmado y sometido, murió segundos después en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.
En una ciudad marcada por tensiones políticas y riesgos latentes, este caso expone la vulnerabilidad de quienes ocupan cargos públicos y evidencia la necesidad de repensar la manera en que se construyen —y se desmoronan— las estructuras de seguridad alrededor de los servidores públicos.
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• Contexto previo: el alcalde elegía personalmente a su equipo de seguridad
Días después del asesinato, el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, recordó que Manzo seleccionaba personalmente a los integrantes de su círculo de protección. Esa declaración hoy resuena con mayor fuerza, mientras la investigación se abre paso entre tensiones políticas y preguntas que aún no encuentran respuesta.
El proceso continúa y, con él, la exigencia ciudadana de que la justicia avance con claridad y sin titubeos, en un país donde las sombras del poder suelen confundirse con las de la violencia.
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