Durante tres meses, un adulto mayor campesino de la localidad de Axuxco, en el municipio de San José Miahuatlán, Puebla, vivió sin servicio de agua potable, luego de que autoridades comunitarias le suspendieran el suministro por negarse a participar en la mayordomía 2025–2026, amparándose en los llamados usos y costumbres.
De acuerdo con el testimonio del afectado, su decisión respondió a una realidad física y económica: la edad avanzada ya no le permite asumir las cargas que implica dicha responsabilidad comunitaria. Pese a ello, las autoridades locales determinaron cortarle el acceso al agua, una medida que, con el paso de los días, se convirtió en una forma de castigo que impactó directamente su vida cotidiana.
🔎 Claves del caso
- El adulto mayor estuvo tres meses sin agua potable.
- El hecho ocurrió en Axuxco, San José Miahuatlán.
- La suspensión se aplicó por negarse a asumir la mayordomía.
- La CDH Puebla intervino y emitió la recomendación 17/2025.
Ante la situación, el campesino presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), cuya investigación concluyó que las autoridades se excedieron en sus atribuciones. Como resultado, se emitió la recomendación 17/2025, que ordena la reconexión inmediata del servicio de agua potable.
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Además, la CDH Puebla instruyó al Ayuntamiento a capacitar a sus servidores públicos en materia de derechos humanos y dio vista a la Contraloría Municipal para que inicie un procedimiento administrativo contra quienes resulten responsables.
El adulto mayor aseguró que respeta los usos y costumbres de su comunidad, pero consideró excesiva la sanción, pues durante ese periodo tuvo que comprar pipas de agua para cubrir necesidades básicas, un gasto que golpeó su economía.
Este caso abre una reflexión urgente: los usos y costumbres no pueden estar por encima de los derechos humanos, especialmente cuando se trata del acceso al agua, un derecho fundamental que no debe condicionarse ni convertirse en mecanismo de presión social.
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