La incertidumbre volvió a instalarse entre las víctimas de Marilyn Cote, señalada por usurpación de funciones y posibles delitos contra la salud, quienes temen que una estrategia legal esté prolongando deliberadamente el proceso judicial para permitir que la imputada recupere su libertad sin enfrentar la totalidad de las acusaciones en su contra.
Este 23 de enero, por cuarta ocasión, fue pospuesta una audiencia en la Casa de Justicia de Cholula, ahora reprogramada para el 13 de febrero, debido a la inasistencia del abogado de una de las 14 víctimas reconocidas en el proceso. Para los agraviados, la constante dilación no es casual.
🔍 Temor central de las víctimas
Las personas afectadas acusan que el abogado defensor, Israel Onofre, exfuncionario de la Fiscalía Especializada en Investigación de Tortura durante la gestión de Gilberto Higuera Bernal, estaría acumulando carpetas de investigación relacionadas con amenazas y usurpación de funciones, con el objetivo de que solo se imponga una pena unificada.
Según las víctimas, esta maniobra permitiría que, al cumplir dos años en prisión, la defensa solicite la libertad de Cote, argumentando que ya habría compurgado la pena, sin considerar el daño denunciado por al menos 21 personas que exigen justicia.
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⚠️ Señalamientos graves
Los denunciantes también expusieron presuntas presiones e intentos de conciliación irregular. Aseguran que el antiguo abogado de Marilyn Cote acudió en dos ocasiones al domicilio de una víctima para ofrecer menos de 15 mil pesos como reparación del daño, bajo el argumento de que su clienta pronto quedaría en libertad.
Además, señalaron que la madre de la imputada habría intimidado a uno de los agraviados para que retirara su denuncia, y denunciaron que Marilyn Cote mantiene contacto con personas durante las audiencias, una práctica que —subrayan— contraviene la normativa, pues las personas privadas de la libertad solo pueden recibir visitas dentro del centro penitenciario.
📌 Contexto del caso
Marilyn Cote fue detenida el 21 de noviembre de 2024 en Tlaxcala y actualmente se encuentra recluida en el penal de Ciudad Serdán, enfrentando cargos por usurpación de funciones y presuntos delitos contra la salud.
Este caso vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda pero necesaria: ¿puede la justicia ser erosionada por el tiempo, la burocracia y las omisiones procesales? Para las víctimas, cada audiencia aplazada no es solo un trámite fallido, sino una herida abierta que posterga la reparación y profundiza la desconfianza en el sistema.
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